El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que las empresas de seguridad privada y los restaurantes de comida rápida 7/24 están entre las compañías más denunciadas por violaciones laborales a los trabajadores; aseveró que son los dos rubros más fuertes respecto a las quejas.

El funcionario detalló que los abusos por parte de estas empresas tienen que ver con el hecho no presentar las retenciones del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Agregó que existen alcaldías, y algunas empresas privadas de las más reconocidas, que cometen esas violaciones con sus empleados.

“Son varias las empresas, en estos momentos estoy dando un carácter preventivo hasta el viernes 6 de septiembre… Si mañana (viernes) no resuelven, empiezo a hacer coordinaciones con el fiscal y vamos hacer públicas las empresas”, advirtió el ministro.

Esto lo dijo en el sentido de que si las empresas señaladas no pagan las retenciones del ISSS y AFP, la información la trasladará al Fiscal General, Raúl Melara, para que las investigue ya que es un delito penal.

"Es más, ya tuve comunicación directa con el Fiscal General para hacer coordinación al respecto", aseguró.

"Estamos investigando 50 empresas privadas y 15 de las alcaldías de las más grandes de este país, las cuales están vulnerando los derechos de los trabajadores", dijo Castro.

Trabajadores caen en mora porque alcaldía no pagan cuotas de créditos

El funcionario explicó que las faltas que más cometen las empresas denunciadas está la de apropiación indebida de los fondos; el salario nominal es uno, pero el salario líquido que les dan a los trabajadores es otro​, la retención del Seguro Social y AFP.

“Lo más grave aún es que hay alcaldías e instituciones que ni siquiera los compromisos bancarios que tienen con los trabajadores lo cumplen, como son las retenciones de su préstamos... Y eso ha llevado a creaciones de moras muy fuertes y exorbitantes y golpea de forma directa el bolsillo de los trabajadores”, mencionó respecto a los problemas que pasan los trabajadores.

Castro afirmó que lanzó una acción preventiva y que vence el viernes 6 de septiembre ―si las empresas involucradas no cumplen― no queda otra instancia que recurrir a la Fiscalía.

A estas empresas las abrirían proceso por los delitos de apropiación indebida, malversación de fondos y otros más que son de carácter penal.