La escuela de aviación del reconocido piloto Carlos Antonio Dárdano Pellejero fue condenada a pagar $788,000 a los familiares de dos estudiantes que murieron en un accidente aéreo ocurrido en su primer día de clases en 2012, luego que se les enviara a hacer prácticas en una avioneta que tenía record por desperfectos mecánicos.

El Juzgado Primero de lo Civil de Soyapango, consideró que la escuela de aviación fue negligente al dejar que los estudiantes practicaran en una avioneta con desperfectos mecánicos constatados incluso en los años 2006 y 2009.

El accidente ocurrió el 11 de julio de 2012 en la colonia el Pepeto 3 de Soyapango, donde quedaron esparcidos los restos de la avioneta y de los alumnos José Antonio Martínez y Rodrigo José Calles.

El juez decretó que el representante de Dárdano deberá pagar $300 mil por daños y perjuicios morales, además de un interés del 6% por cada año transcurrido desde el accidente más $22,645 para retribuir los gastos fúnebres en los que incurrieron cada una de las familias.

Estas cifras suman un total de $788,000, que es menos a lo exigido en la demanda inicial, que era de $2,000,000 por cada uno de los jóvenes aprendices.

Una de las pruebas más importantes para resolver el proceso judicial fue la falta de un registro que comprobara la reparación de la avioneta; además, la escuela no contaba con permiso para impartir clases en aviones bimotores; y el instructor tampoco tenía permiso para dar clases con aviones de esas especificaciones.

Informes internacionales solicitados por el ministerio público del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración Federal de Aviación (FAA), y de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), revelaron que la avioneta fue utilizada pese a que había estado un mes sin usarse debido a los desperfectos que ya había presentado.

Un segundo documento indicó que lo que provocó el accidente fue la posición incorrecta de la válvula de paso de gasolina hacia los dos motores de la aeronave.

La sentencia será entregada este viernes y desde entonces las partes tendrán 15 días hábiles para apelar si así lo consideran pertinente.