La empresa del diputado Mauricio Vargas, Marejo S.A. de C.V., fue víctima de estafa entre enero de 2012 y marzo de 2013, pues tanto el contador general como el auxiliar de esa empresa emitieron 16 cheques valorados en $77,977.04 que sacaron de la empresa con engaños.

Por este hecho, el diputado se presentó este lunes al Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador a enfrentar la vista pública en contra de Víctor Alexander Ventura Escobar y Wilfredo Reyes Romero, quienes se desempeñaron durante seis años para esa empresa salvadoreña como contador general y auxiliar contable, respectivamente.

Estos sujetos habrían falsificado la firma de Vargas para poder cambiar cheques en distintos bancos del país para luego depositar el dinero en sus cuentas personales.

Los imputados lograron hacer estos cambios modificando los libros contables, aparentando el pago de obligaciones propias del giro comercial de la empresa, la cual se dedica al negocio de asaderos de carne.

Los imputados hicieron parecer que esas obligaciones eran de carácter permanente en los gatos de la empresa y provocaron que Vargas autorizara los importes que se hicieron, sin imaginarse que estaba engrosando las cuentas bancarias de su contador y su auxiliar contable.

Fue hasta que los auxiliares contables Julio César Vázquez Leiva y Florentino Melara Jorge detectaron las irregularidades que se realizó la respectiva auditoría, que determinó que los acusados sacaron de esta manera $77,977.04 de la empresa.

No obstante, Vargas dijo a El Salvador Times que él estimaba las pérdidas en más de medio millón de dólares y lo más perjudicial fue que tomaron dinero que se usaba para capital de inversión. Lo que habría generado fuertes pérdidas a la empresa.

Sobre el proceso

El juicio por este caso de estafa estaba programado para este 31 de agosto. Sin embargo, en último momento los imputados decidieron someterse a un proceso abreviado, que implica que admitan y confiesen los hechos a cambio de una pena más baja de la que se le podría haber impuesto de haber resultado culpable.

Así, el juez autorizó el procedimiento abreviado y les impuso una condena de tres años de prisión con remplazo de la pena, a cambio de realizar trabajos de utilidad pública. Será el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que determinará cuáles serán estos trabajos que realizarán.  

En cuanto al monto, no se pudo establecer una responsabilidad financiera para devuelvan ese dinero mal habido. Vargas explicó que estas personas no tienen posibilidad de hacer el pago, además el fraude que cometieron no lo hicieron contra su empresa, sino contra los bancos que dieron el efectivo.

Sin embargo, asegura él aún se encuentra afectado por este hecho y será en un juzgado de lo mercantil, donde podrán esgrimir alguna responsabilidad económica de los imputados y no dar por perdido todo el capital.  

En este sentido, el próximo lunes 7 de agosto se ha establecido la firma oficial de estos acuerdos a los que llegaron en presencia del juez, tras escuchar la confesión de los acusados.