Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron una nueva acusación en contra de una exjueza de Santa Tecla, buscando que continúe el proceso judicial donde se le acusa de conceder la libertad a 17 pandilleros sin que estos aún hubieran cumplido sus penas. 

La exjueza de Vigilancia Penitenciaria, Astrid de los Ángeles Torres, es acusada del delito de favorecimiento desde el pasado 15 de abril de 2016 cuando el ministerio público interpuso el requerimiento contra ella.

Este mes, concluye el tiempo de instrucción y el fiscal Héctor Martínez solicitará al juez que mantenga las medidas cautelares y que la exfuncionaria siga siendo procesada en libertad porque ha colaborado con proceso. 

En 2012, la mujer ordenó la liberación de 42 pandilleros de la 18, procesados y condenados por homicidio agravado, proposición, conspiración de homicidio y agrupaciones ilícitas, pero solo 17 lograron salir de los penales, debido a que los alcaides de los centros de detención donde estaban recluidos otros 25 delincuentes restantes advirtieron con tiempo que los cómputos de las penas eran erróneos y que aún no era su tiempo de liberarlos, según la FGR.

"Un dato que nos lleva a afirmar que la acción de la exjueza es dolosa, es que no notificó a la Fiscalía sobre la resolución donde ordena la libertad de los internos, tal como lo señala la Ley Penitenciaria. Lo que buscaba era evitar que se interpusiera algún tipo de recurso contra esas órdenes de libertad; es decir, que otro funcionario revisara si ella había hecho adecuadamente el computo de pena", explicó Martínez.

La Fiscalía presentará entrevistas con los directores de centros penales quienes "advierten de cómo se dieron cuenta de que los cómputos de pena estaban erróneos, que le hicieron ver eso a la jueza y no obstante, ella ordenó que se pusieran en libertad los imputados", explicó Martínez.

Entre los adelantos de prueba que la Fiscalía presentará en la audiencia inicial está el vaciado del celular del alcaide del penal de Quezaltepeque en el que se puede comprobar que la exjueza le ordena que libere a varios pandilleros un día sábado pese a que el alcaide le advierte que el reo aún no ha cumplido su condena.

El juzgado tiene 15 días hábiles como plazo para programar la audiencia preliminar.