• Diario Digital | lunes, 15 de agosto de 2022
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Sucesos - Para evitar se procesado

Fiscalía: "Gordo Max" se ofreció como testigo cuando se inició la investigación sobre la red de explotación sexual

El locutor, los dos empresarios y el ingeniero detenidos por este caso, no tienen relación entre sí y habrían contratado el servicio de la red en diferentes ocasiones.

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Fiscalía: "Gordo Max" se ofreció como testigo cuando se inició la investigación sobre la red de explotación sexual

Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) aclararon que el locutor y presentador de televisión, Max González, nunca ha sido un testigo criteriado en el caso por el que se le procesa y explicaron que lo que en realidad sucedió es que él -al enterarse que había un proceso en su contra- se ofreció como testigo.

Fiscales a cargo del caso dijeron que González y los otros tres procesados -José Ernesto Regalado, Luis Alonso Marroquín Pineda y Salvador Enrique García Arévalo- fueron identificados dentro de una investigación por explotación sexual y que fueron las víctimas quienes identificaron a los clientes a los cuales habrían dado servicio sexual.

Asimismo, aclararon que los procesados no tienen relación directa entre ellos y que en diferentes ocasiones y de forma individual contrataron a la red para que les proporcionara a menores para sostener encuentros sexuales a cambio de cantidades que rondaban entre los $50 y $300.

Los representantes del ministerio público detallaron que una de las víctimas de la red se presentó como víctima asegurando haber sido explotada desde los 13 hasta los 17 años de edad.

Durante este tiempo –entre 2008 y 2012- la víctima fue obligada a tener sexo contra su voluntad en zonas de San Salvador y La Libertad. Entre los clientes se encuentran los cuatro procesados.

De igual forma, detalló que el pago que recibía por parte de sus explotadores rondaba entre los $25 y $50, por encuentro sostenido.

La principal evidencia con la que cuenta la FGR para este caso son las bitácoras de mensajes y llamadas que se realizaron en el año 2012 entre los acusados y los proxenetas en las que acordaban los encuentros.

Los señalados por el ministerio público podrían pagar un condena de hasta ocho años de prisión.

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Caso Remuneraciones

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