El expresidente de la República, Mauricio Funes, aseguró que él posee pruebas de que el fiscal general, Douglas Meléndez, recibe dinero de Tomás Regalado, uno de los pocos magnates que tiene El Salvador, integrante de las 14 familias más poderosas -en todo ámbito- del país y también financista de ARENA.

Además, el exmandatario indicó que debido a esas sumas monetarias que les son otorgadas a Meléndez es que el sobrino de Regalado, José Ernesto Regalado O’Sullivan, obtuvo un fallo absolutorio en el caso de remuneración por actos eróticos en menores de edad, en el que supuestamente estuvo implicado junto al locutor Maximiliano González, conocido como “Gordo Max”, y otros dos sujetos.

Según Funes, ese proceso tuvo una “acusación frágil” y por ello O’Sullivan fue liberado de los cargos de los que era señalado. Es más, la tarde de este 20 de junio, la Cámara Segunda de lo Penal resolvió confirmar la absolución del caso.

“La FGR podría perfectamente criteriarme y declarar que tengo pruebas que el fiscal general, Douglas Meléndez, recibe dinero de Tomás Regalado”, comentó en Twitter.

Además, Funes también aseguró que Menéndez recibe dinero de financistas del partido ARENA, con el propósito –según él- de imputarlo en el caso por el que estaría siendo investigado.

“Tengo conocimiento que recibe dinero de los financistas de ARENA para incriminarme y montar un caso en mi contra”, aseguró el expresidente asilado en Nicaragua tras aseverar que existe una persecución política en su contra.

De acuerdo al exmandatario, los financistas del tri color le entregan dinero para evitar acusaciones en contra de algunos de sus miembros que estarían –según él- involucrados en el caso de la red de abuso de menores de edad.

Por otro lado, Funes expuso: “Tengo información que funcionarios de la embajada de Estados Unidos intervienen arbitrariamente en las investigaciones de la FGR para presionar a testigos que se criteríen y que me acusen”.

En agosto de 2017, Meléndez manifestó que se había iniciado una investigación penal contra Funes por cinco presuntos delitos: peculado (apropiación de fondos públicos), malversación (cambiarle destino a los fondos del Estado), enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y tráfico de influencias (aprovecharse de su condición para influir en otros) durante su administración ejecutada entre el 2009 y el 2014.

Por ello, el 19 de junio de este 2018, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía incautó 24 propiedades vinculadas a los 32 imputados en el caso conocido como “Saqueo Público”.