Después del fracaso del choque frontal contra los pandilleros y el descalabro de los planes de prevención de violencia, el gobierno salvadoreño ha tomado la decisión de adoptar un sistema de subsidio de seguridad privada para las zonas populares más conflictivas en el país. 

Cuatro fuentes de Casa Presidencial confirmaron a El Salvador Times este cambio de enfoque en la política de seguridad pública y se espera que sea anunciado dentro de pocas semanas.

El cambio del plan de seguridad parte de un supuesto muy sencillo: las colonias de las clases altas y medias resolvieron sus problemas pagando seguridad privada y cerrando sus accesos; autogestionaron la solución porque los vigilantes no están controlados por el Estado, sino directamente por las directivas de vecinos. Para el gobierno, eso mismo funcionaría en colonias, cantones y caseríos pobres si el Estado subsidia en parte el costo de la seguridad privada en dichos lugares. 

La clave de esa opción, según las fuentes, estaría en el concepto de autogestión, “porque nadie conoce mejor que los propios vecinos las especificidades del problema de seguridad de una comunidad”. En este sentido, el gobierno impulsaría una “Gran movilización Nacional por la Seguridad Local”.

En general, este viraje estaría determinado por varios factores adversos que han vuelto inviable el plan de seguridad vigente desde abril de 2016, cuando se implementó una serie de medidas extraordinarias contra la criminalidad.

Ese plan, básicamente represivo, tenía como meta la recuperación de los territorios controlados por las pandillas. La fuerza policial, apoyada por unidades especiales del ejército, aumentó la cantidad y la calidad de sus operaciones, incrementando de modo significativo los tiroteos, bajas y capturas contra los delincuentes. Pero esto no fue suficiente para doblegarlos.

Las pandillas lograron asimilar los golpes, adaptarse al acoso permanente y mantener el control de sus territorios. La lógica diría entonces que el combate a los delincuentes debería profundizarse, pero el gobierno ha concluido que el factor represivo ya no puede ir más allá y que ni siquiera es posible mantenerlo en su nivel actual.

Según las fuentes de Casa Presidencial, esta imposibilidad está determinada sobre todo por la insuficiencia de recursos económicos, lo que a su vez impide el imprescindible aumento en la calidad y la cantidad del personal y de los medios requeridos para esa batalla.

“Hemos llegado a un promedio de 90 capturas diarias pero, con más de 36 mil delincuentes que ya están presos, y que apuntan a ser 40 mil en poco tiempo, nuestra infraestructura penitenciaria está saturada y al borde del colapso”, dijo uno de ellos, quien detalló además un sinnúmero de todo tipo de carencias materiales que afectan incluso de manera dramática la operatividad policial.

Pero no solo eso. El creciente número de pandilleros que resultan muertos en enfrentamientos contra las autoridades, y en otras circunstancias muy poco claras, ha despertado sospechas sobre posibles irregularidades y excesos en el uso de la fuerza por parte de policías y soldados. De hecho, ya existen varias iniciativas para que instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos investiguen este aspecto.

“En materia de represión ya topamos. Hemos logrado detener la tendencia al alza de los homicidios, pero estos siguen siendo demasiados, y si le metemos más voltaje al aparato lo vamos a fundir. Tenemos que buscar alternativas”, advierte otra fuente, que también puntualiza: “El problema es que ya no se trata solo de los pandilleros directamente, sino de la expansión de un segmento social e incluso institucional al que han penetrado y que se ha vuelto afín a ellos”..

Efectivamente, desde hace algún tiempo se vienen destapando casos en que alcaldes, regidores, agentes municipales de seguridad, jueces, empleados judiciales, abogados, dirigentes partidarios y de asociaciones de desarrollo comunal, así como maestros, curas, pastores, reinas de fiestas patronales y hasta policías y soldados resultan vinculados con las pandillas.  

“En diversos momentos electorales todos los partidos, sin excepción, han negociado con los pandilleros para favorecer sus campañas o afectar a los adversarios, eso los convirtió de en actores políticos y provocó que las pandillas pasaran de ser solo un problema delincuencial a convertirse en un fenómeno  social, y eso ya requiere un enfoque más cultural que represivo”, señala otra de las fuentes.

Las dudas sobre el nuevo plan

Sin embargo, las dudas sobre las posibilidades de éxito de este nuevo plan son muchas en principio, empezando porque, según lo reconoció uno de los informantes de Casa Presidencial, “esta decisión es un poco desesperada ante la magnitud del problema y las demasiadas dificultades que enfrentamos para implementar una solución ideal”.

Otro problema es que, sí las pandillas siguen recomponiéndose y operando aún a pesar del alto nivel de acoso policial al que están sometidas actualmente ¿qué pasará si ese acoso se relaja y disminuye? Además, como lo demuestra ampliamente la experiencia de la famosa “tregua”, durante la cual varias alcaldías y ADESCOS fueron penetradas en profundidad por las pandillas, sin el control efectivo de la fuerza del Estado en los territorios cualquier política asistencial o subsidiaria va finalmente a parar a manos de los delincuentes organizados.

Por otra parte, si el número de hombres en armas que constituyen la seguridad privada en nuestro país ya alcanza los 40 mil, ¿a cuánto más se incrementaría con este nuevo plan ese ejército fuera del control del Estado? Si el primer derecho de los ciudadanos es la protección de sus vidas y sus bienes, y el primer deber del Estado es garantizar el cumplimiento de ese derecho, ¿es admisible que el Estado ponga en manos privadas esa función de naturaleza pública?