Más de mil privados de libertad, entre pandilleros y reos comunes, fueron trasladados de las bartolinas policiales a diferentes centros penales como parte del plan gubernamental que pretende reducir a un 130% de hacinamiento a final del gobierno de Salvador Sánchez Cerén. 

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, señaló esta mañana  que “vamos a concluir este año con un hacinamiento de alrededor de 150% y con proyección del próximo año de forma que al final de la administración del presidente, esperamos que la sobrepoblación llegue a un 130% que será muy inferior al promedio de la región”, señaló Landaverde. 

En enero de 2016, se registraba una sobrepoblación de 400%  y, según el ministro, ahora se encuentran 150%. La proyección del gobierno es llegar a 130% del hacinamiento. Landaverde explicó que entre el 26 y 27 de diciembre se trasladaron 1,103 personas desde las bartolinas a diferentes centros penales del país; de este total 618 son miembros del crimen organizado y 485 pertenecen a reos comunes. 

Los internos provienen de las delegaciones de Ahuachapán, Sonsonate, Morazán, San Miguel, San Vicente y La Libertad. 

Debido a la aglomeración en los centros penales, las autoridades de seguridad han decidido contener a decenas de reos en las bartolinas de la Policía Nacional Civil (PNC) pero luego de la construcción de varios centros penitenciarios. “Vamos a poder liberar de esa responsabilidad a la Policía Nacional Civil (PNC) que ha tenido en custodia a personas, ya sea con detención provisional o incluso en algunos casos en cumplimiento de pena que estaban en las bartolinas”.

Este plan se comenzó a ejercer luego de que la Sala de lo Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara inconstitucional la saturación de privados de libertad dentro de las cárceles en 2016.

Las autoridades de seguridad indicaron que el hacinamiento podría ser reducido al finalizar el periodo presidencial de Sánchez Cerén y prevén que hasta la fecha se ha logrado generar de las condiciones “más humanas” en los centro penitenciarias luego de que la Sala de lo Constitucional declarara en alerta por los índices de hacinamiento en los centros penitenciarios y en las bartolinas.

El ministro continuó diciendo que estas primeras movilizaciones son parte de dos fases que terminaran el próximo año, una vez inaugurado el Centro de Detención Menor, en Izalco, con una capacidad para albergar a 3,000 internos. Dicha construcción está valorada en $3,160,545.94, según informó Centros Penales.