Grupo Roble demandó por $25,000 a una mujer pro-medio ambiente por haber acusado a la empresa de “tala indiscriminada de árboles” en una urbanización en Santo Tomás; sin embargo, los abogados dijeron que no quieren el dinero sino que la ambientalista pida perdón públicamente, así lo dijo el abogado de la compañía, Lisandro Quintanilla.

La ambientalista Sonia Sánchez, por su parte, no se retractó de sus afirmaciones en la vista pública en su contra instalada este viernes en el Tribunal 1º de Sentencia, donde aseguró sentirse “perseguida por defender la vida”. Ella es acusada por Roble, por los delitos de calumnia y difamación.

Roble ordenó, con documentación en regla según su abogado, la tala de más de 30,000 árboles para la construcción de 416 viviendas del proyecto habitacional "Brisas de Santo Tomás", al sur de San Salvador, para lo cual contó con los permisos otorgados por el Ministerio de Medio Ambiente y de la alcaldía.

Entre la tala se destruyó un antiguo bosque compuesto por más de 1,300 árboles centenarios y miles de árboles frutales y arbustos en un terreno de 201,688.89 metros cuadrados.

"Hay una resolución de la Fiscalía donde exonera (a Grupo Roble) de toda responsabilidad por la depredación de bosques, que ha sido denunciada anteriormente, y hay una resolución del Juzgado medioambiental que reconoce que el permiso es para toda la operación de construcción y desarrollo del proyecto" apuntó Quintanilla.

La ambientalista, de 41 años, reconoció no ser experta en el tema pero argumentó que toda su vida ha vivido en el municipio de Santo Tomás y que desde la construcción del proyecto se han secado pozos, así como disminuyó el caudal de algunos ríos y se afectaron cultivos, dijo. Otra de las consecuencias es que algunas viviendas están padeciendo racionamiento de agua.

Para la compañía, la mujer ha dañado la imagen de la compañía

"Si ella no está de acuerdo (con el proyecto) que vaya a Medio Ambiente y que ponga una denuncia, pero no puede ir a los medios de comunicación a decir que se ha talado indiscriminadamente porque eso es delito", dijo al respecto el abogado de la empresa inmobiliaria.

Para Quintanilla, las acusaciones de la ambientalista dañan la imagen de la compañía y de su representante legal. "Ha afectado en su fama comercial, en su prestigio porque a nivel local e internacional se comienza a decir que Inversiones Grupo Roble ejecuta obras al margen de la ley cuando tradicionalmente se conoce que este grupo inmobiliario respeta la legalidad del país", expresó.

Ante el juez, la ambientalista se mantuvo firme diciendo que "no he mentido ni he dicho falsedades, no he lastimado a nadie. Yo sólo quiero defender la vida y los bienes naturales y debo afrontarlo judicialmente", dijo.

Para la parte acusadora, la ambientalista no sólo mintió al decir que los permisos de construcción estaban vencidos sino también al denunciar públicamente que fue amenazada de muerte por elementos de seguridad de la compañía durante una protesta contra la construcción del proyecto habitacional.

"Usted no estaba allí" respondió Sánchez y apuntó que ella junto a otras mujeres fueron amenazadas de muerte. "Nos amenazaron con sus armas ", insistió.

La audiencia contra Sánchez inició este viernes y el juez aún no ha dictado resolución. El caso reiniciará el lunes próximo.