Grupo Roble conocerá esta mañana el fallo de un proceso judicial abierto contra la activista de medio ambiente, Sonia Sánchez, a quien señalan como la principal orquestadora de una campaña de difamación en contra de la empresa. La ambientalista sostiene que la constructora tala árboles indiscriminadamente para realizar sus proyectos.

La empresa cuyos dueños es la familia Poma, exige $25 mil a Sánchez, asegurando que esta representa a intereses particulares que buscan afectar la imagen de la empresa que es uno de los conjuntos empresariales e industriales más grandes de la región con operaciones en Centroamérica, Panamá, el Caribe y Suramérica.

Sánchez, en su defensa, sostiene que dicha empresa ha ocasionado daños al eco sistema lo cual impacta en la vida y la salud de a los habitantes del municipio de Santo Tomás.

La constructora de los Poma se ampara en un permiso otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que le da legalidad a los proyectos que se pretenden ejecutar al sur de San Salvador.

El permiso fue renovado en 2015 y permite que dicha empresa desde el 3 de marzo de 2015 tale 1,311 árboles en su gran mayoría es un bosque de cientos de años, y un promedio de 24,051 arbustos o árboles de menor tamaño, en un terreno de 201, 688.89 metros cuadrados para construir 416 viviendas.

En las afueras del centro Judicial Isidro Menéndez se han concentrado esta mañana activistas de diferentes organizaciones que trabajan en favor del medio ambiente para mostrar su respaldo a Sánchez.

Los activistas aseguran que el proceso es injusto y que se quiere poner de víctimas a quienes en realidad son victimarios.