“Hecha la ley, hecha la trampa” es el dicho popular. En El Salvador hay legislación suficiente para perseguir los delitos de evasión y elusión, sin embargo, también hay un mecanismo jurídico para retardar las condenas, por ello es que desde la creación del Código Penal solo en dos casos ha habido condenas en firme. Los otros casos investigados van a parar a la Sala de lo Contencioso y ahí quedan los archivos “durmiendo el sueño de los justos”.

Para el director de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD, Ramón Villalta, hay una clara falta de voluntad política para perseguir los delitos que tienen que ver con robarle al Estado, además de que existe un mecanismo en la ley que permite apelar sentencia tras sentencia de manera que no se logren condenas.

Villalta afirmó que Hacienda no ha sido eficaz al realizar su trabajo en materia de auditorías para demandar ante la fiscalía a posibles evasores y elusores y que ello es parte de una herencia que siempre ha buscado proteger a grupos económicos que incluso tienen un partido político que vela por sus intereses.

De igual forma, señaló que hay "secretos a voces" de quiénes son los evasores en el país, pero Hacienda no lo puede hacer público porque el mismo marco legal se lo prohíbe; sin embargo, basado en los Panama Papers, se puede determinar que las familias Eserski, Salume y Prieto están entre los que más evaden, dijo. 

¿Cómo se combate la evasión y elusión fiscal en el país?

Se enfrenta un debate que tiene que ver con dos visiones de país: unos que entienden que la fiscalidad debe garantizar el control del gasto y que los ingresos deben hacerse mediante una política impositiva de carácter regresiva, es decir, aumento en la recaudación del IVA y aumento de la actividad productiva pues a través de esto se genera más empleos y se incrementa la renta.

Luego tenemos a un partido político como el caso de ARENA, hablando de más actividad productiva para incrementar la recaudación, pero también evitando el impuesto predial.

¿A su juicio qué es lo que busca ARENA cuando trata de llevar al gobierno a su cancha?

ARENA está evitando que exista una política fiscal que busque garantizar la progresividad y que quien tenga más pague más y que la fiscalidad del país sea sostenida por medio de aquellos que obtienen más utilidades.

Evidentemente buscan defender el interés de unos grupos o sectores económicos.

¿Cree que hay voluntad y capacidad de enfrentar estos delitos?

El problema es que el mismo FMLN cae en la trampa y pareciera que en el país los únicos grandes actores que tienen que ver con el tema son la ANEP, ARENA y FMLN. Al gobierno como tal y al FMLN se les olvida que en la política fiscal están los grupos vulnerables, que no solo reciben beneficios de la política fiscal, sino que también son los compradores y que en cada compra pagan el IVA. Se trata de grupos y su capacidad de movilización ciudadana que hacen una generación de propuestas para este debate. A estas alturas la discusión debe bajarse más y no mantenerse entre partidos políticos, sector empresarial  y gobierno, debe llegar a organismos sociales y a las personas. 

¿Cómo el Estado persigue estos delitos?

Hay un desconocimiento muy profundo en temas de elusión y evasión fiscal. Uno de los hallazgos de nuestro informe en el ISD es que desde la existencia del Código Penal solo se han condenado dos casos por evasión en el país, es decir, hay una actividad mínima del Estado. Las instituciones que tienen participación en la persecución de la evasión no tienen mayores conocimientos, ni de los casos, ni de los problemas estructurales. Entonces uno se da cuenta de que hace falta profundizar y sí hay secretos a voces de grandes evasores, pero también hay conflictos de poder, que no siempre están a la luz pública y que son los que se deben indagar más.

En repetidas ocasiones el Ministerio de Hacienda ha amenazado en dar a conocer los nombre de evasores ¿quiénes son estas personas?

Lo que se debe entender en primer lugar es que existen diversos caminos para evadir y se da la creación de conglomerados empresariales como mecanismos para buscar la evasión. El Ministerio de Hacienda lo que no hace, pero debería hacer, son las auditorias correspondientes para poder obtener estos nombres de forma oficial. 

¿Se refiere a las empresas off shore?

Las auditorías podrían revelar si estas transacciones en paraísos fiscales están dentro del marco de la legalidad. La misma ley establece limitaciones y la FGR no puede investigar a conglomerados si no es por una demanda interpuesta por el Ministerio de Hacienda, pero este no cumple con lo que debería. La institucionalidad no actúa acá y eso es lo que hemos encontrado en nuestros informes.

¿Qué pasa cuando Hacienda empieza a investigar y se llega a condenar a una empresa por evasión?

Cuando viene el Ministerio de Hacienda e impone multa a determinada empresa, esta recurre a la Sala de lo Contencioso administrativo y se crea otro mecanismo en el que se recubre al evasor y el caso queda engavetado por años y años.

¿Quiénes son los que incurren en esta práctica?

En el caso de los paraísos fiscales hay casos muy reconocidos y luego de nuestro análisis se determina que existen delitos de lavado de dinero y falsedad documental (contratos falsos). En este último caso está la familia Eserski que se compró a sí misma derechos de transmisión de partidos de fútbol. Al ser este el modus vivendi podríamos estar hablando de millones de dólares en evasión.

Luego está el caso de la familia Salume donde había contratación de empresas fantasmas que era propiedades de la misma empresa y se hacía consultorías entre sí y trasladaban dinero a paraísos fiscales y realizaban procedimientos de ocultamiento de dinero.

También está el grupo Prieto que creaban balances financieros por encargos a una empresa gestionada por Mossak Fonseca y fueron balances que se encuentran en registros públicos de El Salvador, cometían falsedad documental. Sería bueno que la FGR pudiera hacer el análisis de estas conductas delictivas.

Si en el informe del ISD se detectan estas irregularidades y además se hace pública la información de los Panama Papers y aún así no se actúa ¿qué es lo que pasa?

Es que hay un marco jurídico creado ad hoc para la protección de los evasores y eso ha sido diseñado de esta manera y hay un conjunto de procedimientos que se crearon para garantizarle a los evasores que pudiera utilizar distintos mecanismos que mientras no estuviera vencido no se pueda determinar que es moroso y en ese sentido no se puede publicar su nombre porque se incurre en violación a la ley. 

¿No hay voluntad para perseguir el delito?

Es que ese Hacienda es un ministerio poco activo en el establecimiento de las responsabilidades y cuando llegamos a pedirle que haga auditoría de los conglomerados a efectos de determinar si están en el marco de la legalidad, el ministerio nunca investiga. No habiendo una auditoria no se puede determinar quiénes son los morosos, aunque muy probablemente la mora tenga impacto fuerte, pero cuantitativamente comparada con la evasión y la elusión queda muy poca. En octubre andaba por $210 millones. Mientras que la evasión anda por $2,500 millones anuales.

No hay registro de evasión y los datos que manejamos son extraoficiales y a nosotros no nos dicen quiénes son los evasores. Tenemos herencia elitista autoritaria y reflejada en un marco jurídico y protector para el empresariado.

Usted junto a Paul Steiner presentaron hace un tiempo una propuesta anticorrupción y el secretario del FMLN les negó la firma de apoyo. 

Sí, hace un poco más de un año presentamos con organizaciones sociales para ordenar la imprescriptibilidad del enriquecimiento ilícito a los 10 años. La propuesta requería las firmas de diputados y el FMLN en ese momento se negó a darle iniciativa de Ley, después presentamos otra para que se declare delito de lesa humanidad a los delitos de corrupción.

Le insisto una vez más ¿Hay voluntad política para combatir delitos de corrupción?

Yo siempre digo lo contrario, hay voluntad política para no hacerlo y eso es diferente. Hay intensión de no hacerlo y no avanzar en muchos temas.