• Diario Digital | martes, 17 de mayo de 2022
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Sucesos - A instrucción

Dos investigadores de la PNC son enviados a prisión y un tercero tendrá arresto domiciliar por robo y allanamiento ilegal

Los dos agentes serán enviados a prisión mientras dure la etapa de instrucción, mientras que la mujer policía vinculada en este caso guardará arresto domiciliar. 

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Dos investigadores de la PNC son enviados a prisión y un tercero tendrá arresto domiciliar por robo y allanamiento ilegal

El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador envió a prisión a dos investigadores policiales Salvador Eduardo García, de 41 años de edad y Sergio Godofredo Acevedo García, de 36 años acusados de robo agravado y allanamiento sin autorización legal en perjuicio del patrimonio material y derechos y garantías de dos víctimas con régimen de protección.

Por estos mismos delitos fue acusada la inspectora policial Amelia del Carmen López Melara, de 33 años a quien el juez ordenó el arresto domiciliar por razones humanitarias.

Mientras que para el imputado José Antonio Flores acusado de receptación se le ordenó instrucción formal con medidas sustitutiva la cual es presentarse cada 10 días al Juzgado 8° de Instrucción y una caución económica de 100 dólares.

En este sentido, el juez de paz decidió enviar el caso a la etapa de instrucción, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que realizar la investigación pertinente para sostener el caso en la audiencia preliminar y buscar abrir un juicio en contra de los agentes.

De acuerdo al Ministerio Público el 14 de agosto del presente año a las 3:30 p.m. los tres investigadores policiales se presentaron sin autorización legal de allanamiento a la residencia de las victimas ubicada en el Barrio San Jacinto, de ésta capital. A una de las víctimas le pidieron el Documento de Identidad Personal y facturas que respaldaran la legalidad de la refrigeradora y un equipo de sonido.

Según la acusación, los efectivos, supuestamente hicieron un allanamiento ilegal y aprovecharon dicha situación para robar varios enseres, entre ellos una refrigeradora, un televisor, un DVD y otros.

Los agentes habrían dicho a su víctima que cumplían una orden de la alcaldía capitalina y que tenían que desalojar la vivienda. Tal orden no existía, pues los únicos facultados para girar tales órdenes son los tribunales.

Aclaración

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