Sucesos - Es el segundo caso
Ordenan a juez el reinstalo de dos empleados a los que acusó de faltar el respeto a su secretaria
Así mismo deberá ordenar el pago de salarios de ambos de los 17 meses en que los mantuvo sin empleo, además de los bonos, aguinaldo y otras prestaciones contempladas por la ley.

El juez de Paz del municipio de San José Las Flores, Chalatenango, deberá a reinstalar a dos empleados de ese centro judicial a quienes suspendió de sus funciones durante 17 meses luego que hubiera una denuncia que le faltaron el respeto a la secretaria del juez en varias ocasiones.
Pese a la acusación, los hechos no fueron comprobados ante el tribunal civil que ventiló el caso.
El juzgador José Vinicio Contreras Ticas ordenó la suspensión de la colaboradora judicial Karla Georgina Laínez Lara y del citador (notificador) Juan Carlos Ortiz González el 8 de enero de 2016, lo que provocó la destitución de los profesionales, sin embargo, los afectados abrieron un caso por considerar injusta la sanción.
Desde entonces la Comisión del Servicio Civil de la Cámara de la Cuarta Sección del Centro de Santa Tecla, que conoció el caso, recibió las pruebas de ambas partes y no encontró el fundamento necesario que comprobaran esas acusaciones, por lo que le fue ordenado el reinstalo. Sin embargo, el juez Contreras Ticas gestionó una permuta, es decir que los trabajadores fueran reinstalados en otra oficina.
Según Ortiz, todo inició desde que la secretaria de ese juzgado notificó al juez un altercado con los empleados y alegaba que ambos le habían faltado el respeto; sin embargo los empleados en su defensa aseguran que nunca habían tenido problemas en su historial de trabajo y consideran que el juzgador lo que quería era sacarlos de la plaza y poder colocar a otras personas, aunque eso no fue probado en el procedimiento.
El pasado 31 de mayo, el Tribunal de Servicio Civil reconfirmó la sentencia emitida por la comisión luego de que el juzgador solicitara un proceso de revisión de la misma y fue notificado de esta el siguiente día.
Siguen sin ser reinstalados
Sin embargo después de 12 días de que fue notificado el fallo, el juzgador aún no ha reinstalado a los empleados y en virtud de esa actitud Ortiz interpuso una denuncia en su contra por el delito de desobediencia ante la Fiscalía el pasado lunes, la cual fue admitida.
La redacción de El Salvador Times se intentó comunicar con el juzgador pero su secretaria informó que se encontraba fuera del juzgado; no obstante la empleada confirmó que el titular del tribunal ya está realizando en las diligencias necesarias para ejecutar la permuta, ya que coincide con la Comisión al determinar que ya no es posible que trabajen los involucrados porque se puede regenerar el ambiente de tensión en esa instancia.
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Según Ortiz no han tenido comunicación con el juzgador, pero sí conocen del procedimiento mediante el cual serían reinstalados en una oficina de los juzgados de San Fernando. En el caso de Laínez, la intención es reubicarla en el juzgado de Paz del municipio de Las Vueltas ambos municipios de Chalatenango.
No obstante Ortiz no se siente satisfecho porque de aceptar esa permuta el juzgador lo está enviando a un juzgado en el que su acceso es más difícil y con ello lo perjudica. "El no puede desmejorar mi puesto de trabajo, porque nosotros hemos comprobado que esas acusaciones son falsas y no hemos perdido este proceso. Él, aún con esa sentencia quiere seguir haciendo su voluntad sin tomarnos en cuenta", reclamó.
Como parte de la resolución del caso, la Corte Suprema de Justicia debe asumir el pago de los salarios acumulados de estos empleados de todo el tiempo que estuvieron suspendidos pese a que no realizaron sus labores, además deben cancelarles las prestaciones de ley, como bonos y aguinaldos.
No es la primera vez
Esta no es la primera vez que el juzgador sigue un procedimiento ante la Comisión del Servicio Civil, ya que otra empleada del juzgado de Paz de Citalá abrió un proceso en su contra por haberla destituido sin justificación cuando el funcionario estaba a cargo de ese tribunal.
Ese proceso se desbarató, pese a que la Comisión ya había ordenado el reinstalo y el pago retroactivo de los cuatro meses que esa mujer estuvo suspendida, debido a que el juzgador solicitó una revisión de esa sentencia y el Tribunal del servicio civil le concedió un plazo de tres días a esa empleada para que se pronunciara, pero debido a un problema de falta de comunicación esta se presentó hasta el cuarto día y terminó siendo destituida.
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