El Sindicato de Empleados Judiciales de El Salvador (Sejes) protestó dentro de las instalaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, contra el Ministerio de Hacienda por el impago del salario de más de 10 mil trabajadores.

Los agremiados reclamaron que son los trabajadores los que están pagando las consecuencias de los enfrentamientos entre el Ejecutivo y los diputados de la Asamblea Legislativa.

Uno de los representantes de Sejes indicó que el Gobierno de Nayib Bukele tiene “revanchismo político” con los diputados y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y que ellos como trabajadores son los afectados.

“Los platos rotos no tenemos por qué pagarlos los trabajadores; los trabajadores vivimos día con día de nuestro salario”, reclamó.

Dijo que a los que no les han pagado el mes de septiembre son un aproximado de 10 mil trabajadores directos, 1,300 agentes de Protección a Personalidades Importantes (PPI) y otros 500 empleados indirectos.

El sindicato dijo que la fecha de pago ronda entre el 19 y 24 de cada mes, pero el problema hasta la fecha es que les han dicho que no hay asignación de fondos por parte de Hacienda.

“Quiere decir que si los llegasen a asignar este día quiere decir que todavía vamos a tener entre tres y cuatro días de atraso del salario. Solo para el mes de septiembre se necesitan $15.6 millones”.

El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya indicó semanas atrás que, si se experimentaban problemas financieros, el Gobierno iba a priorizar el pago de salarios de los trabajadores de primera línea en detrimento de la Asamblea y la Corte Suprema de Justicia, cuestión que el sindicalista recriminó.

“Lamentamos las palabras ineptas que ha dicho el ministro de Hacienda, ya que la Constitución de la República no clasifica a los trabajadores de primera, segunda o tercera línea (…) cuando tiene que ver con salarios de trabajadores la Constitución emana a tener igualdad de derechos”.

La situación en el Órgano Judicial es igual a la de la Asamblea Legislativa, ya que el jueves en la plenaria el presidente Mario Ponce confirmó que tampoco habían recibido el dinero para cancelar salarios.