Tres militares acusados de participar en masacre de Jesuitas recuperaron su libertad
Tras haber estado siete meses en las bartolinas de la Subdirección de Tránsito, tres militares reclamados por España para extradición, quedaron libres. Benavides seguirá preso.
Tres militares implicados en la masacre de los cinco sacerdotes jesuitas españoles recuperaron su libertad este viernes por la noche tras siete meses de permanecer en prisión luego de que un tribunal de España reabriera el caso considerado de lesa humanidad, y solicitara nuevamente la extradición de los 17 vinculados.
Los favorecidos con la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son el coronel Ángel Pérez Vásquez y los subsargentos retirados, Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo quienes fueron capturados en febrero de este año, junto a el coronel Guillermo Benavides, el único que continuará en prisión. El resto se mantuvo prófugo.
Abogados defensores esperaban que los militares salieran libres desde hace una semana cuando se dio a conocer la resolución de Corte Plena que negaba la extradición, amparándose en la derogación de la Ley de Amnistía.
El único que seguirá detenido será el coronel Alfredo Benavides, cuyo caso pasó a conocer el Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
Los magistrados debatieron el pasado 16 de agosto si Benavides debía recuperar su libertad o si lo enviarían a prisión para que concluyera una condena de 30 años por la masacre de los religiosos y sus colaboradoras, según dio a conocer el magistrado de la Sala de lo Civil, Óscar Alberto López Jerez consensuando un veredicto que no favoreció al militar.
Pese a que los militares habían sido procesados anteriormente, el caso se desempolvó con la solicitud que el tribunal español hizo a la Policía Internacional (INTERPOL) y debido a ello fueron capturados los cuatro en mención.
La extradición fue solicitada por primera vez en el año 2011 pero la justicia salvadoreña la denegó. La orden fue renovada en diciembre de 2015 por la Audiencia Nacional de España, donde habrían sido juzgados.
El pasado mes de julio la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía al considerar que violenta el derecho a la reparación de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La noche del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón de élite Atlacatl del Ejército irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA) y asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, así como al salvadoreño Joaquín López y López.
En la acción, ocurrida durante la ofensiva guerrillera también fue asesinada la colaboradora de los religiosos Elba Julia Ramos y su hija Celina.