No hay avances concretos para cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional que hace un año declaró inconstitucional de Ley de Amnistía.

Esta fue la conclusión que dejó la audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de la sentencia en la que los magistrados de la Sala de lo Constitucional escucharon los informes de avances de las partes.

A la cita, asistió el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos; el fiscal general de la República (FGR), Douglas Meléndez; así como representantes de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda y de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHH).

Gallegos informó que no ninguna iniciativa de ley que pretenda buscar la reparación de las víctimas y la reconciliación y admitió que se han “atenido” al anuncio que hizo el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, de que el Ejecutivo estaba trabajando en un proyecto.

El magistrado Florentín Meléndez cuestionó a Gallegos acerca de cómo a un año de la sentencia no hay avances concretos y además le pidió explicaciones sobre reuniones para discutir este tema en la Asamblea, a lo que Gallegos admitió que no ha sido prioridad: “No ha sido por mala intención, pero quizá nos hemos atenido”, dijo.

Sin embargo, se comprometió a tener al menos un proyecto de ley antes de que finalice el 2017.

Por otro lado, el delegado de la Presidencia, Antonio Aguilar, habló de algunas acciones que se han ejecutado para la reparación de víctimas del conflicto, pero no en concreto de políticas públicas.

En este sentido, también fue cuestionado por Meléndez sobre la voluntad política para cumplir la sentencia y si están o no trabajando en un proyecto de ley.

Aguilar admitió que no están trabajando en una normativa formal sobre la ley y que solo han hecho algunas consultas.

Meléndez lamentó esta postura y dijo sentirse extrañado porque el Presidente había asegurado en el marco del 25 aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz que sí estaban elaborando esta ley.

A criterio de los demandantes, quienes presentaron el recurso ante la Sala, esto solo muestra que estas dos entidades “reprobaron”, pues no han cumplido absolutamente en nada de la sentencia de la Sala y no descartan demandar a ambas instituciones por desacato. 

Fiscalía pide más presupuesto

Por su parte, el fiscal general, Douglas Meléndez, junto al representante de la PDHH fueron los únicos –a criterio de los demandantes- que presentaron avances.

El fiscal destacó que ya ha sostenido reuniones con el Ejecutivo para determinar cómo se trabajará en la investigación de los delitos cometidos durante la guerra y que  se ha creado un grupo de tres fiscales destinados para este fin.

Meléndez sostuvo que para dar cabal cumplimiento a la sentencia necesita al menos a unos 25 fiscales en esta área y un refuerzo presupuestario que rondaría los $7 millones para poder ejecutar un plan para el cumplimiento de la sentencia con el personal adecuado.

Por su parte, el delegado de Hacienda dijo que no pueden dar más aportes económicos a instituciones que, dentro de sus políticas propias, tienen contempladas políticas para reparación de las víctimas.

“Esperamos que la economía crezca en próximos años para poder asignar recursos a reparación de víctimas”, sentenció.