Un creciente aumento en los feminicidios en los primeros cuatro meses del año ha dejado en evidencia un problema que desde hace años ha golpeado al país, pero que ahora que se presentan 27 muertes violentas de mujeres más que en el mismo periodo del año pasado las alarmas se han encendido. 

Según las cifras más recientes de las autoridades de seguridad, en los primeros meses de este año se han contabilizado 152 muertes violentas en mujeres, mientras que en el mismo periodo de 2017 se registraron 125. En total el incremento, es de 27 muertes más, que representa un aumento del 22%.

Y no solo eso, la brutalidad, la planificación y la saña con la que se han cometido estos asesinatos han provocado que las clases políticas y sociales se pronuncien en contra del flagelo. 

Estos número han causado alarma por lo que el mismo consejo de ministros aprobó este jueves una estrategia de prevención de feminicidios y violencia contra las mujeres que pretende implementar acciones contundentes e intersectoriales para disminuir la violencia de género. 

“Necesitamos ejecutar medidas inmediatas, que permitan, no solo fortalecer los esfuerzos para prevenir esta violencia, sino también para denunciar y proteger a las mujeres que son afectadas”, aseguró el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, tras la reunión. 

Informó que la iniciativa ha sido preparada por el Instituto Salvadoreño del Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), liderado por la secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, ante la evolución que han registrado los niveles de violencia de género. Esta estrategia implica el establecimiento de una alerta nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres, detalló Pignato.

La idea es "reducir la incidencia de violencia feminicida y violencia sexual a través de una intervención intersectorial de prevención, detención, atención y protección de mujeres, niñas y adolescentes”, anunció la secretaria. 

Desde la PNC se reportan algunas capturas

Por su parte, instituciones como la Policía Nacional Civil (PNC) promueve campañas para que mujeres en estado vulnerable denuncien las agresiones que atenten contra su vida. De hecho, una de estas ventanas para la justicia son las Unidades de la Mujer (UNIMUJER), entidad de la PNC para la atención exclusiva a denuncias de mujeres. En todo el país hay 30 oficinas a nivel nacional, esperan que para final de este año abrir 10 oficinas más.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, dijo durante una entrevista televisiva que el asesinato de mujeres que hasta ahora han sido mediatizado no son algo nuevo; ya que la violencia contra la población femenina es el resultado de un problema estructural parte de “una cultura” donde someter a la mujer ha sido normalizado y por lo tanto los asesinatos de mujeres han sido tan visibles.

Landaverde señaló preocupado que las circunstancias de violencia donde se ven envueltas las mujeres surgen en los hogares y que en muchas de las ocasiones estas agresiones por parte de sus compañeros de vida no son denunciadas. Sin embargo, señaló lo que ha habido en estos días es una meditización de varios casos. 

Uno de los casos que ha conmocionado a la sociedad y sobre todo a la comunidad de periodistas ha sido el asesinato de la periodista de la revista El Economista, de La Prensa Gráfica,  Karla Turcios. Las autoridades apuntan como principal sospechoso a su compañero de vida, Mario Huezo.

Apuntan que Huezo golpeó y asfixió a Karla con unas bolsas plásticas, luego habría transportado el cadáver de la mujer en el vehículo junto a su hijo de cinco años para abandonar el cuerpo en Santa Rosa Guachipilín, a 90 kilómetros de San Salvador el pasado 14 de abril. Ahora Mario enfrenta un proceso judicial en su contra bajo el delito de feminicidio. 

El pasado 30 de abril, Katherine Cárcamo apareció muerta en su casa en la residencial Sevilla 2, en el municipio de San Sebastián Salitrillo, Santa Ana. Presuntamente, su esposo, Brayan Arévalo, le colocó una almohada en la  cara y la apretó contras ella hasta que la mató.

Lo hizo frente a su hija de tan solo 7 años de edad. Bryan huyó de la escena y dejó el cuerpo de su esposa. Familiares, amigos y conocidos tenían conciencia que la pareja sufría de problemas de violencia intrafamiliar. Brayan enfrenta la justicia acusado el delito de feminicidio agravado.

Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC), Roberto Antonio Ramírez Avelar, de 40 años de edad, apunto su pistola en la cabeza de su compañera de vida porque sentía celos, porque tenía la sospecha que le era infiel. Por esa razón le disparó a Ingrid Esmeralda Ramos, frente a sus hijos. El agente estaba en estado de ebriedad, luego de ver lo que había hecho, tomó su arma,  se la colocó en la cabeza y se disparó.

Sin embargo, casos como la desaparición de la agente Carla Ayala, de quien se desconoce su paradero desde hace más de 120 días siguen en el tintero. Ella fue baleada y desparecida por un miembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) después de que el agresor, Juan José Castillo Arévalo, y otros policías más se dirigían a dejar a la víctima a su casa luego de una fiesta de fin de año el 28 de diciembre de 2017.

Hasta la fecha las autoridades no han sabido responder sobre el paradero del atacante ni el cuerpo de la agente, lo que ha levantado una ola de indignación y rechazo hacia las autoridades. Los dos agentes que no actuaron en detener a Castillo están siendo procesados.

Crímenes sin resolver

Sin lugar a dudas las muertes de estas mujeres han provocado que decenas de organizaciones feministas y hasta las diputadas de la Asamblea Legislativa se acongojen. Sin embargo, hay otras muertes de mujeres en condiciones de brutalidad que han pasado inadvertidas por la sociedad.

La madrugada del 31 de marzo, Lisbeth Beatriz Guevara y Jennifer Guevara Morán estaban departiendo dentro de una taquería cuando sujetos desconocidos a bordo de un vehículo les dispararon provocándole la muerte, los hechores se dieron a la fuga.

El 17 de abril sujetos desconocidos le quitaron la vida a una mujer, la metieron a un barril y la arrojaron a una quebrada de la colonia La Ermita, en el municipio de Apopa, del departamento de San Salvador. Cuerpos de Socorro rescataron el cadáver, ella no fue identificada.

El pasado 23 de abril el cuerpo de Katya María Campos, de 24 años de edad, fue encontrado semienterrado en el cantón Las Lomas, del municipio de San Bartolomé Perulapía, de Cuscatlán. Ella era hija de un empleado del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) destacado en la zona Oriental del país.

Al día siguiente, eran las 5:45 de la  mañana cuando Jennifer Tatiana Criollo, de 22 años, se dirigía hacia su trabajo de repente pandilleros le salieron al paso y la atacaron provocándole la muerte a dos cuadras de su casa. Su cuerpo fue encontrado en una vereda del kilómetro ocho del bulevar Constitución. Ella laboraba en un comedor de la colonia Zacamil, en Mejicanos.

Estos son solo algunos de los casos que se reportan día a día en el listado de muertos, pero ninguno de ellos adquiere la relevancia de los casos mediáticos. Por lo que continúan a la espera de justicia. 

ISDEMU en emergencia

Por su parte la encargada de rectoría para Una Vida Libre de Violencia del ISDEMU, Xochitl Bandek, manifestó a El Salvador Times que ante el incremento de feminicidios en el país, la institución se encuentra en una situación de alerta.

Sostuvo que para tener medidas más efectivas se han hecho recomendaciones para la mejora de las investigaciones desde diciembre a la Policía Nacional Civil (PNC) y detalló que todavía hay casos de mujeres fallecidas y todavía no hay esclarecimiento.

"Preocupa la forma en que se han incrementado los feminicidios, el nivel de agresividad y saña cuando son asesinadas las mujeres en una sociedad machista", sostuvo Bandek.

Pidió que se debe analizar exhaustivamente la conducta del agresor y aseveró que no existe crimen pasional, más bien es un feminicidio. "El ego del hombre tampoco no justifica en ningún momento el hecho de violencia contra la mujer".

Bandek dijo que la violencia contra la mujer no es nueva, ésta se ha dado en todos los niveles; además, explica que la violencia no descrimina edades, tampoco niveles socioeconómicos.

Por su parte, la coordinadora general de género del Ministerio de Gobernación, Daysi Villalobos, explicó que dichos casos merecen ser analizados a profundidad.

"La sociedad en su conjunto ha perdido valores y principios, por lo tal debemos de trabajar todos, medios de comunicación, familia, iglesias, la Fiscalía y Policía para erradicar el problema", dijo.

Criticó que por muchos años se ha vivido en un Estado de patriarcado machista y que en la actualidad se vive en una sociedad irresponsable. "Hay una preocupación en la población de mujeres porque se han perdido valores, principios y una verdadera justicia", recalcó.

Desde la Asamblea

El pasado 26 de abril, una de las últimas acciones que realizó la pasada legislatura sobre este tema fue interponer una solicitud para un pronunciamiento para condenar los feminicidios y al mismo tiempo pidieron a las autoridades fiscales que atiendan con prontitud.

La diputada Karla Hernández hizo un llamado a las mujeres para que denuncien el maltrato, que pierdan el miedo y busquen a las diputadas en la Asamblea Legislativa para que les puedan ayudar y orientar cuando sean víctimas de violencia.

Exigió al sistema judicial que se apliquen las penas justas, ya que cree que no es justo seguir aplicando el Código Penal para la violencia de género porque para eso está la Ley Especial Integral para Una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.