Depurar los malos elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) y del sistema judicial es una de las soluciones que la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Caballero, propone para evitar más casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales.

En lo que va de su gestión, la cifra de investigaciones de supuestas ejecuciones extrajudiciales alcanza los 17 casos, los cuales se encuentran abiertos y no han sido resueltos.

Esta mañana, Caballero reconoció en una entrevista matutina que en la Policía existen buenos elementos, pero que hay otros que trabajan al margen de la ley y recordó que entre los casos investigados está el de Las Isletas, donde asesinaron a una mujer policía; así como otras ejecuciones consumadas en el departamento de Ahuachapán.

El accionar policial ha sido duramente cuestionado por diversas organizaciones sociales hasta el punto en que el estado fue denunciado ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por —supuestamente— disfrazar de enfrentamientos armados a una serie de ejecuciones extrajudiciales.

Las instituciones que interpusieron la denuncia son el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) quienes de paso presentaron datos que revelan que las bajas policiales son muy inferiores a las de miembros de pandillas con una relación de un policía por cada 59 pandilleros.

La funcionaria aseguró que "se debe hacer un alto en el camino y revisar si están haciendo bien los planes" y dejó claro que declarar estado de emergencia como lo planteó recientemente el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, no es la mejor opción ante la situación de violencia.

“No conviene hablar de estado de emergencia porque podrían haber abusos”, explicó la funcionaria al mismo tiempo en que invitó a reflexionar más sobre esa idea.

Finalmente, aseguró que su fin principal es velar por las víctimas pero también se debe garantizar la protección de los encargados de seguridad es decir apeló a la política de seguridad integral.