El profesor Ivo Ever Amaya, de 58 años, admitió haber estafado a un amigo y vecino, en la zona de Guazapa, al venderle dos lotes en la Lotificación Vista Hermosa, del municipio de Guazapa, pues nunca quiso formalizar el acuerdo para venderle las propiedades, sin embargo, le cobró cuotas por más de dos años.    

Según el expediente fiscal de este caso, en marzo de 2014 Arturo Armando Vázquez le dijo al profesor que estaba interesado en  adquirir un lote para construir una casa con la visión de hererdársela a sus hijos. Fue entonces que el imputado se acordó que es propietario de unos lotes y decidió mostrárselos.

Lo llevó a verlos y a él le gustaron. Entonces, establecieron un contrato verbal por uno de los lotes por la cantidad de $6,500 y pactando que le estaría abonando $40 cada mes, hasta completar el monto total de la deuda. El profesor le dijo que posteriormente irían a un notario a formalizar el trato, pero esta visita nunca llegó.

Arturo hizo los pagos puntuales durante varios meses y el imputado le daba cada mes un recibo. Sin embargo, cuando le preguntaba por la formalización del contrato, le alegaba que no tenía tiempo y fue entonces que le propuso que tomara el otro lote.

Arturo aceptó y con esto cambiaron los términos del contrato verbal que hicieron. En total, la deuda pasaría a ser de $11,000 y la cuota mensual aumentó a $68. El tiempo pasó y el acusado siempre se negó a formalizar el acuerdo, le decía que si le pagaba el total de la deuda, él estaría dispuesto a hacer el contrato.

A raíz de la insistencia, en noviembre de 2015, el profesor le entregó una fotocopia del contrato de arrendamiento con promesa de venta. Arturo se sintió aliviado y le pidió que le permitiera sembrar algo en los lotes, pero el acusado se negó. “Es peligroso por presencia de pandillas, que ya había dejado a otros sembrar o que lo usarán de potrero”, eran las evasivas que le manifestaba.

No obstante, siguió pagando un año más hasta octubre de 2016. En total Arturo le pagó $1,668, pero nunca pudo hacer uso del terreno. Por eso, decidió no volver a darle dinero hasta formalizar el contrato, pero tras las negativas decidió denunciar el caso y acusar al profesor por el delito de estafa.

El juicio se ventilaría en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo conciliatorio que fue avalado por el juez de esta instancia.

A cambio, el profesor debía admitir el delito y le pagó $1,000 en efectivo en el momento del acuerdo. Posteriormente, se quedará pagando los $668 que restaban a la deuda, aunque ya no pudo tener los terrenos que tanto había soñado dejar a sus hijos.