El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverdere, anunció que el gobierno ha iniciado el proceso de licitación para adquirir uniformes para los internos de todo el sistema penitenciario, quienes estarán clasificados por colores de acuerdo al grado de peligrosidad.

El funcionario también indicó que se licitará la adquisición de brazaletes electrónicos para vigilancia, los cuales serán utilizados para que al menos 10 mil reclusos puedan salir a realizar trabajos públicos en las comunidades.

Otra medida que será implementada a un corto plazo es la formación de custodios y directores del sistema penitenciario.

Dichas medidas fueron anunciadas esta mañana durante la visita realizada por el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, al expenal de Cojutepeque, el cual fue clausurado oficialmente luego del traslado de 1,282 reos a otras cárceles del país.

Ortiz estuvo acompañado por miembros del gabinete de Seguridad y durante el recorrido por el local confirmó que el edificio será utilizado para desarrollar programas de reinserción. "Después de 68 años se cierra este espacio donde se cumplía la pena privativa de libertad en Cojutepeque", señaló.

Por su parte, Ramírez Landaverdere, explicó que el penal era un riesgo para la población debido a que no contaba con las condiciones de seguridad necesaria para garantizar la reinserción de los reos.

Con esta medida se da cumplimiento a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al no hacinamiento en los penales, ya que dicho penal albergaba al menos 1,200 reos cuando su capacidad máxima era para 400. Además solo contaba con área abierta que funcionaba como patio.

El penal de la cabecera de Cuscatlán fue construido en 1928 como un edificio de la Fuerza Armada que posteriormente fue adecuado para funcionar como cárcel.