La Sala de lo Constitucional lleva a cabo una audiencia de seguimiento a la sentencia que dictó el pasado 13 de julio de 2016 en la que derogó la Ley de Amnistía y ordenó que la Asamblea decretara una nueva Ley de Reconciliación.

La audiencia tiene como fin que los magistrados constitucionalistas conozcan cuánto han avanzado las autoridades del Ejecutivo, del Órgano Legislativo y la Fiscalía General de la República (FGR) en el cumplimiento de esta sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía.

En esa sentencia, los magistrados resolvieron que para cumplir la sentencia se requería de una regulación legislativa complementaria para una genuina transición democrática a fin de garantizar la dignidad humana y los derechos fundamentales de las víctimas.

A juicio de la Sala, la Fiscalía tiene la obligación constitucional de promover la acción penal correspondiente con la prontitud razonable a efecto que las autoridades jurisdiccionales cumplan con su función de juzgar y proteger los derechos de las víctimas.

Por otro lado, el Ejecutivo tiene el deber de diseñar, implementar y dar seguimiento a políticas de Estado en materia de protección, promoción y garantía de los derechos fundamentales de las víctimas del pasado conflicto armado.

En este sentido, el Ejecutivo en esta materia ya ha presentado un proyecto de Ley de Reconciliación y Reparación, pero no ha tenido mayores avances dentro del Legislativo.