La Sala de lo Constitucional otorgó un plazo de 10 días a la Presidencia de la República para que rinda un informe en el que explique los argumentos legales bajo los cuales se determinó la segregación de carriles de la vía pública sean de uso exclusivo para buses articulados; el mismo plazo concedió a la Asamblea Legislativa para que explique la constitucionalidad de los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

La resolución establece además que el jefe de Estado debe explicar bajo qué argumentos se escogió la empresa que realizó la construcción de las obras necesarias para su funcionamiento, así como la selección de la encargada de hacer uso preferente de esos carriles; finalmente, que detalle las futuras decisiones que se tengan sobre la obra y funcionamiento de ese sistema de transporte.

Mientras que a la Asamblea le ha otorgado el mismo plazo para que entregue un informe sobre la constitucionalidad de los artículos 41 y 43 de la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debido a que bajo el criterio del presidente se habilitó la segregación con la decisión de una sola autoridad de transporte y el segundo articulo con el aval de solo una autoridad administrativa.

Los magistrados de la Sala emitieron esa sentencia luego de que los empresarios Genaro Isaac Ramírez Barrera, José Arturo Barrera Rivas y Juan Pablo Álvarez, solicitaran se decretara la suspensión de las operaciones y uso exclusivo por parte de la UNIÓN DE EMPRESAS SIPAGO-SITRAMSS S.A. DE C.V. de la infraestructura pública que integra el SITRAMSS.

[Texto resolución] Sala solicita informe a Presidencia de la República sobre adjudicación de SITRAMSS https://t.co/YrhuaOB0jl

— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 27 de enero de 2017