El SITRAMSS pretendía ser una obra faraónica, la solución a un transporte por décadas ineficiente, inseguro y básicamente con características tercermundistas, pero su anunciado esplendor fue desde un inicio muy cuestionado. Y no es para menos, ya que en su creación hubo muchas irregularidades que hasta ahora nadie ha aclarado, por lo que los “Cuatro Fantásticos” de la Sala de lo Constitucional tuvieron que intervenir y fijaron un plazo, que vence este lunes 13 de febrero, a la máxima autoridad del país -la Presidencia de la República-, para que aclare las interrogantes.

La Sala quiere saber básicamente si el procedimiento de creación del SITRAMSS fue apegado a la Constitución, en lo que tiene que ver con la concesión de obra pública a manos privadas; la Fiscalía General de la República (FGR), quiere despejar las dudas si los dueños del proyecto son la sociedad Alba, del FMLN, y si ha habido corrupción de por medio; los políticos de oposición cuestionan además de estos puntos, los supuestos beneficios que publicita el gobierno con la obra, y así, hay más dudas por aclarar.

Ante tales cuestionamientos, se podría prever que un fallo de la CSJ resulte desfavorable al gobierno y que ese toro de oro sea lidiado en el terreno de lo legal.

El SITRAMSS es otro de los hijos del expresidente Mauricio Funes: 7.8 kilómetros desde Soyapango hacia San Salvador que costaron $45 millones en préstamo. Sus funcionarios y los socios del proyecto, hicieron algunos viajes a Brasil para concretar la compra de buses con las fábricas Volvo y Marco Polo y, en enero de 2014, llegaron los primeros buses que sirvieron además para hacer un poco de proselitismo.

Una de las respuestas que tendrá que dar la Presidencia de la República el día del vencimiento del plazo este lunes será ¿qué tipo de compromisos adquirió el gobierno para otorgar buses nuevos a los empresarios privados? Y ¿de dónde los empresarios de Sipago sacaron $48 millones para comprar buses?

Según el Registro de Comercio, Sipago fue constituida en 2010 con un capital social de dos mil dólares. La empresa está conformada por buseros que fueron parte de la Mesa Nacional del Transporte creada por Funes. Los nombres que figuran en su nómina son Rodrigo Contreras Teos (recientemente fallecido), Miguel Castañeda, Luis Valencia, René Velasco y Eduardo Mendoza.

¿Qué es SUBES? y ¿Qué tiene que ver?

La empresa Sistema Único de Boletos Electrónicos S.A. de C.V. (SUBES), fue creada en abril de 2011 por un abogado, dos ingenieros, un administrador de empresas y como suplentes dos secretarias, un motorista y un electricista. Esta es la que administra el cobro electrónico del SITRAMSS y fue contratada por Sipago.

El Viceministerio de Transporte, VMT, avaló el contrato entre dichas empresas que son eminentemente privadas; sin embargo, el viceministro Nelson García dijo que no existe relación entre la institución de gobierno con Subes.

La Fiscalía se pregunta bajo qué criterios Sipago contrató a Subes y por qué avaló el VMT la relación empresarial. Además, ¿cuáles son las condiciones del contrato?

Para García, la sentencia de la Sala es una oportunidad para defender la legalidad del sistema de transporte y explicar el mecanismo de adjudicación del proyecto que fue ejecutado según normativa establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, tal como ha sostenido.

Las explicaciones que no dio y ahora debe dar la Asamblea Legislativa

La FGR insiste en que la adjudicación del SITRAMSS es inconstitucional, que la ley no permite traspasar a manos privadas un bien público como son los carriles y terminales que ocupa.

“... Se concluye que una interpretación armónica de la Constitución de la República, las concesiones de obras materiales de uso público, cuando hay utilización de presupuestos estatales, como el caso sub júdice (SITRAMSS), deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, por ser un mecanismo de vigilancia hacia el Órgano Ejecutivo...”, plantea la FGR.

En la resolución de la Sala se incluye además que el Congreso envíe un informe sobre los criterios y fundamentos que argumentaron los parlamentarios para autorizar el funcionamiento del SITRAMSS. Esto solo hubiera sido posible si se hubiese aprobado por mayoría calificada, es decir, por 56 votos.

“(...) El Órgano Ejecutivo a través del Ministerio correspondiente debe presentar el proyecto al Órgano Legislativo para que este último avale las condiciones básicas, el plazo y el monto de las inversiones, etc., con el objeto de desarrollar la infraestructura de tal obra...”.

“Por ello, la inconstitucionalidad deriva en el método o procedimiento señalado en el Art. 155 inciso final del Reglamento General de Transporte Terrestre, debiendo sujetarse a lo dispuesto en el Art. 120 de la Constitución de la República”, sostiene la FGR.

Carriles exclusivos, un río donde todos quieren pescar

El SITRAMSS deja a cada bus ganancias de $6,365 mensuales, según Genaro Ramírez, transportista agremiado, versus $400 que deja un bus que no tiene los privilegios de circular en estos carriles. Cuando el proyecto esté funcionando al 100 por ciento, cada bus ganará más de $9,000 mensuales, según la proyección.

Aunque hay una diferencia evidente en el servicio prestado, Ramírez reclama que sus buses (muchos considerados “chatarra” por lo usuarios), tienen el mismo derecho de hacer uso de estas arterias, y que si no han mejorado las unidades es debido a que el gobierno no les ha autorizado incrementar la tarifa para ser competitivos.

“La compensación del gobierno es una maldición para nosotros, que nos dejen operar con la tarifa libre, no igual a la del Sitramss, pero sí mayor a lo que actualmente se cobra”, ha sido una de las exigencias.

Sobre la situación del Sitramss, Ramírez insiste en que es un proyecto que viola la Constitución y dice que los transportistas están a la espera de la resolución que se pueda producir para poder echar a sus unidades a circular en estas vías.

Pero los buseros tampoco se han quedado de brazos cruzados, mientras la Sala emite veredicto, la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS), y de Rutas Unidas Salvadoreñas, siguen demandando ante la Fiscalía a funcionarios del MOP, VMT y la sociedad SIPAGO, por supuesto cometimiento de delitos con la ejecución del Sistema Integrado de Transporte.

Lo que debe contener el informe que se presente a la CSJ

Los técnicos de Casa presidencial deben ser claros este lunes en el informe y responder  a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cinco preguntas fundamentales y luego esperar a la resolución de la Corte en Pleno para saber el rumbo que tomará el proyecto.

1. ¿Cómo y por qué se determinó la segregación de carriles en vías públicas para el uso especial del SITRAMSS?

2. ¿Cómo y por qué se designó a un particular para la construcción de las obras necesarias para el funcionamiento de dichos carriles especiales?

3. ¿Cómo y por qué se designó a un particular para el uso preferente de dichos carriles?; (iv) ¿Cómo y por qué se estipuló la construcción en vías públicas de las terminales requeridas por el SITRAMSS?

4. ¿Cómo y por qué se designó a un particular para la construcción de tales terminales?

5. ¿Cómo y por qué se designó a un particular el uso preferente de dichas terminales?

Después de responder a estas interrogantes y otras que deriven de estas, solo habrá que esperar la resolución de la CSJ. Muchos esperan que la Sala dictamine la creación de una Ley de Concesión del SITRAMSS y que se abra una licitación.