El Juzgado Segundo de Paz decretó la detención provisional de los seis imputados. La FGR ha solicitado que se congelen las cuentas de la agencia de viajes.

Los imputados habrían falsificado un documento de cancelación de hip­oteca de $1,800,000, con el fin de librarse del pago del préstamo y liberar dos inmuebles que estaban en garantía. Asimismo, habrían falsificado otro documento para liberar 79 autobuses que también se encontraban hipotecados en el mismo crédito.

La jueza del tribunal condenó a Silva a pagar $50,000 por haber perjudicado el honor del diputado de Nuevas Ideas Christian Guevara. El dinero será donado al Hospital de Niños Benjamín Bloom. 

La Fiscalía General de la República informó que Wilber Jhovanny Hernández Álvarez fue juzgado y declarado culpable de una serie de delitos ocurridos entre 2017 y 2018 en el distrito de Jicalapa, en La Libertad.

El juzgado emitió una nueva orden de captura contra el expresidente salvadoreño, quien se encuentra refugiado con asilo político en Nicaragua, para que sea localizado y que cumpla la nueva condena de prisión, informó la Fiscalía.

Los delitos que se les imputan a los tres acusados son utilización de datos personales, revelación indebida de datos o información de carácter personal, agrupaciones ilícitas y desacato.

El sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera fue enviado a juicio como presunto autor directo de los delitos sexuales en perjuicio de la víctima de 13 años de edad. La FGR anunció que apeló ante una cámara de lo Penal el sobreseimiento de los otros cinco soldados y los mantendrá en detención hasta que haya una resolución en firme.

Los señalados fueron identificados como Víctor Manuel Arévalo Rivera y Jimmy Arnold Olivares Cruz, acusados de despojar de sus propiedades a varias personas en los distritos de Tamanique y Zaragoza, en el departamento de La Libertad.

Las autoridades lograron determinar que, en medio de las disputas por los terrenos, el condenado ya le había proferido amenazas de muerte a su primo antes de asesinarlo.

"Estas irregularidades fueron cometidas durante el período en que el imputado fungió como ministro, entre 2005 y 2007", aseguró la FGR.