• Diario Digital | viernes, 18 de septiembre de 2020
  • Actualizado 03:30

El abordaje de la vulnerabilidad debe trascender a política de Estado

El abordaje de la vulnerabilidad debe trascender a política de Estado

En la actualidad en nuestras sociedades se está generando la percepción de incertidumbre, indefensión e inseguridad. Estas sensaciones se relacionan a las  condiciones de vida que se han visto afectadas en términos del acceso al empleo, salud, vivienda, educación, seguridad alimentaria, participación política, institucional, democracia, cambio climático y seguridad social, en el contexto de un nuevo patrón de desarrollo que ha emergido y consolidado a partir de la década de los años 2000.

Estas percepciones se confirman con mayor nivel de exposición en los países excluidos, los pobres, los considerados vulnerables. En los cuales un individuo o un grupo de personas tienen una menor capacidad para anticipar, sobrevivir, atenuar, incidir y resistir ante cualquier amenaza de índole natural o la producida por el hombre en su afán de acumular riqueza, control y poder, en una combinación de factores que determinan el grado hasta donde la subsistencia de éstos quedan en riesgo debido no solo a la ocurrencia de un agente detonador natural, tecnológico u otro, sino también a condiciones que favorecen su vulnerabilidad en virtud de la alteración de las variables de calidad de vida señalados con anterioridad.

En ese escenario, la atención de los agentes que soslayan la vulnerabilidad deben servir para promover la adopción de diversas políticas de orden; económico, social, ambiental, sanitario, cultural, político e institucional, que permita alcanzar el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas en todos sus entornos. Ya que si bien la vulnerabilidad es una condición intrínseca  que está presente en todo el mundo, sus impactos y consecuencias negativas inclinan la balanza mayoritariamente en aquellos países subdesarrollados; que disponen de instituciones frágiles e inestables, con incipientes mecanismos de información, protección, planificación y previsión ante escenarios adversos, de la obsolescencia del sistema político y de una capacidad técnica y financiera disminuida para enfrenar y/o recuperarse ante cualquier eventualidad catastrófica.

En tales circunstancias, las comunidades pobres y marginadas son especialmente vulnerables, no solo porque tienden a concentrarse en áreas de riesgo, laboran en tierras marginales donde se usan prácticas de cultivo depredadoras del ambiente, su sistema de transporte público es nocivo para su calidad de vida, su alimentación no cumple con los estándares mínimos de salubridad, la poca cobertura del agua que se dispensa es tóxica para la salud, sino también porque el abordaje acostumbrado en la atención de los desastres, las emergencias y las epidemias están basado en estructuras y programas de corto plazo dirigidos a resolver temporalmente los daños y superar las crisis generadas, especialmente la mediática, que ante la falta de efectividad de los gobiernos de brindar soluciones integrales, se opta por dar pan y circo al ciudadano. Usualmente estas modalidades solo suelen resolver parcialmente los estragos, dejando agendas pendientes para las cuales nunca se establecen mecanismos permanentes para su abordaje integral y tratamiento final, que nos permita responder oportunamente ante la ocurrencia de estos sucesos, no solo de manera proactiva sino también de forma previsora, que resulta ser la más fundamental.

Si consideramos que El Salvador es uno de los países de América con más vulnerabilidad no solo territorial, ya que el 88.7% del territorio se considera zona de riesgo en la que habita el 95.4% de la población, y vulnerabilidad política, que refiere a la incapacidad de un gobierno de garantizar las necesidades fundamentales de la población, sino también vulnerabilidad económica, alimentaria, social, cultural,  institucional, sanitaria y frente al cambio climático. Como acontece en la coyuntura actual por citar algunos ejemplos, el problema de la contaminación  del aire en el Gran San Salvador, debido a la acumulación excesiva de gases tóxicos de monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno emanados por una flota importante del sistema de transporte colectivo, que han completado su vida útil, pero que siguen circulando con el aval de la Asamblea Legislativa y los gobiernos de turno.

Asimismo como sucede también con la actual crisis del abastecimiento del agua potable, donde se evidencia mala calidad del agua, discontinuidad del servicio y contaminación de los  afluentes y de mantos acuíferos, que las autoridades de ANDA la han manejado mal ante la opinión pública, pero que siendo consecuente es un problema multicausal que viene desde hace 20 años, de un modelo de gestión y de negocio ya caduco, que tiene su origen cuando otros no han hecho su tarea, por mencionar el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura, Salud y la misma ANDA, no solo en cuando a la exigencia y vigilancia del cumplimiento de las diferentes normativas y leyes, para detener la deforestación del país, conservar la integridad del afluente de la cuenca del rio Lempa, sino también por privilegiar el predominio de una administración política populista antes que una conducción técnica eficaz, que debería ser lo más conveniente en una institución compleja como ésta, que necesita  ir evolucionando conforme las necesidades del país.