Han pasado tres meses desde el primer brote del coronavirus en la ciudad de Wuhan, China y para que fuese detectado en más de 185 países de cinco continentes. Convirtiéndose en una de las mayores crisis sanitarias de los últimos años con consecuencias todavía impredecibles. De manera que la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia de coronavirus se está expandiendo con un comportamiento acelerando de crecimiento exponencial en todos los países con más de 100 casos confirmados, contabilizando más de 500,000  contagiados, de los cuales 23,000 han fallecido, siendo los países con más casos de contagios; China, Italia, Estados Unidos y España, los que están pasando por situaciones dramáticas, exceptuando China, en virtud que la cantidad de infectados y muertos por la pandemia de COVID-19 aún no se ha detenido, porque las medidas más drásticas con aislamientos masivos de la población fueron  adoptadas tardíamente. El gobierno de Italia dos semanas después de tener 76 infectados, en tanto los gobiernos de Estados Unidos y España reaccionaron tres semanas después de que los casos de infectados habían empezado a multiplicarse.

En discrepancia y en el mismo contexto, la OMS ha elogiado en cambio los enfoques de Corea del Sur, Singapur, Alemania, y de otros países de América, entre los que se encuentra El Salvador, que optaron por masivas campañas de prevención y contención. Ciertamente, el coronavirus ha tardado más en llegar a América del Sur, pero ya hay varios países en crecimiento exponencial. Brasil es el país de la región que registra más infecciones, cuyo ritmo de crecimiento es similar al de países de Europa.

En el caso de El Salvador, afortunadamente el gobierno ha tomado las medidas oportunas; la prohibición de eventos multitudinarios, suspensión de vuelos, cierres de fronteras, cuarentena nacional, cuarentenas domiciliares, aislamiento preventivo obligatorio, restricción de la libre circulación, un cordón sanitario en Metapán para evitar la dispersión del virus, y algunas medidas de compensación económica “programa de transferencias monetarias directas a hogares económicamente vulnerables” por la crisis, en un marco del Estado de Emergencia Nacional y el Estado de Excepción aprobados por Asamblea Legislativa, que permiten al presidente de la república, Nayib Bukele,  tomar acciones y disponer de recursos jurídicos para hacerle frente a la pandemia que ya tocó suelo salvadoreño, y que gracias a las medidas preventivas divulgadas por el gobierno y los medios de comunicación se ha retrasado la propagación del COVID-19, sin que esto signifique una garantía que el esparcimiento del virus y el aumento del número de contagios del coronavirus no vaya a suceder, de manera que debemos estar preparados para pasar momentos inciertos y de dificultad para nuestra nación y para las familias. Por lo que impera un llamado a la solidaridad y de unidad nacional para enfrentar esta dura prueba, una crisis sanitaria mundial nunca vista en 10 décadas, que está expandiendo el sufrimiento humano, trastocando la vida de la gente y afectando la economía real; el comercio, el transporte, las cadenas de suministro y de producción de la industria, los negocios, la construcción, el turismo y los puestos de trabajo. Las empresas están tratando con dificultad de seguir operando, y la clase trabajadora, de mantenerse a flote. En este contexto, los partidos políticos no deben anteponer sus intereses partidarios en detrimento del interés común, no se vale que en las ciernes de una crisis sanitaria de múltiples implicaciones negativas, se pretenda sacar beneficio político a la situación o a las demandas de la población, y  a la necesidad de recursos del gobierno central para hacerle frente a la pandemia. Es entendible que la Asamblea Legislativa, como un ente facultado por la constitución, fiscalice, controle y vigile cualquier tipo de empréstito que se le aprueba al Ejecutivo. Asimismo el gobierno por su parte tiene que estar abierto a la rendición de cuentas y al escrutinio popular, sin embargo, es contradictorio que sectores privados como la ANEP, la Cámara de Comercio, FUSADES y la ESEN se les involucre en actividades que por ley y logística les compete realizar a los órganos del estado, como también es desafortunado asignar recursos a los gobiernos locales cuando éstos no tienen ni la infraestructura ni la capacidad de gestión para hacerle frente a una situación inusual, como la pandemia por el COVID-19.  Lo que se necesita en este momento es una acción política coordinada, decisiva y solidaria de las principales fuerzas políticas y económicas del país.

Estamos en una situación sin precedentes donde no podemos recurrir a las mismas decisiones usuales en tiempos tan inusuales. Toda crisis trae consigo dificultades, pero también genera oportunidades.

Si se gestiona bien esta crisis sanitaria, la recuperación tomará una dirección más sostenible e inclusiva. Por el contrario, si nos equivocamos podría incluso empeorar aquellas desigualdades y problemas que ya son insostenibles, y llevaría nuevamente al país por un camino donde nos ha costado transitar.