Con esta reforma, según el diputado Gallegos, se pretende "incorporar a los casi tres mil (empleados) administrativos que tiene la Policía Nacional Civil y a los dos mil miembros que tiene la Dirección General de Centros Penales al bono.
Entre los detenidos se encuentran los encargados de compras y licitaciones de la corporación.
Entre las instituciones afectadas se encuentran: El Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), Instituto Nacional General Francisco Menendez (Inframen), Instituto Nacional de Comercio (ENCO) y Instituto Nacional Ciudad Obrera Apopa (INCOA), entre otros.
