Serán acusados de los delitos de apropiación indebida de vehículos, estafa, agrupaciones ilícitas y uso falso de documento de identidad. Se estima que son 49 víctimas y hay 37 vehículos involucrados en el caso.
Según el Viceministerio de Transporte (VMT), una vez remitida la unidad el propietario deberá pagar los gastos de grúa y estacionamiento, además de las esquelas impuestas.
Las acciones forman parte del combate al tráfico ilícito de armas.
La petición va encaminada a la posible ubicación y detención del expresidente de la República quien se encuentra asilado en Nicaragua desde hace dos años.
El sujeto -procesado por estafa- vendió el vehículo en $3,800, pero cuando la víctima quiso inscribirlo a su nombre se dio cuenta que la tarjeta de circulación era falsa.
La Corte Suprema asegura que se están dando todas las facilidades a la Fiscalía para que investiguen cómo se hicieron las modificaciones al documento.
