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La justicia española modificó el delito ya que los tribunales de ese país no pueden juzgar por crímenes de lesa humanidad.

La Sala de lo Constitucional recomendó a la Asamblea Legislativa, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía, elaborar una nueva normativa para juzgar este tipo de crímenes.

Además aseguró que la Sala afecta directamente la institucionalidad del gobierno, porque con una mano resuelve un problema y con la otra deshace los recursos del Estado.