Ambos van a ser remitidos a la Fiscalía para ser acusados de desórdenes públicos.
Los automotores fueron removidos de la calle mediante una notificación previa que hizo la comuna tecleña.
Rivera también deberá presentarse ante un juez de Vigilancia Penitenciaria, quien será en el encargado de comprobar que se cumpla con dicha condena, y deberá pagar $2,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima.
Fuentes judiciales detallaron que el fallo se dio en un procedimiento abreviado, el cual fue solicitado por la Fiscalía y avalado por la jueza.
El ultimátum del alcalde Mario Durán incluye que los talleres deben tener sus permisos de funcionamiento vigentes.
La acción se da como respuesta ante el incremento de denuncias ciudadanas, debido a muchas personas son afectadas por la obstaculización del paso peatonal.
