Dos familias se encuentran enfrascadas en una larga disputa legal por la administración de la empresa Bio-Ferme S.A de C.V. Raúl Ernesto Quiñónez Sol fue denunciado ante los tribunales por la familia Cuéllar Flores, quien lo acusa de aprovecharse de su confianza y haber administrado de forma fraudulenta la empresa durante tres años. En su defensa, el acusado señala que la salvó de una bancarrota segura.

Quiñónez Sol asumió la conducción de la sociedad, que inició como un negocio familiar, en octubre del año 2007, valiéndose -según dijo- "de la buena fe" de la familia Cuéllar Flores, a quienes pidió la administración de la sociedad a cambio de aportar cierta cantidad de dinero. 

La Fiscalía señala que el empresario logró apoderarse del negocio y manejarlo pasando por alto a los demás accionistas.

El imputado explicó ante los tribunales que Bio-Ferme operó gracias a la inyección de capital que le hizo una de sus empresas, Sociedad Agroindustriales, debido a que era insostenible económicamente.

Bio-Ferme nació en enero del año 2006 teniendo como accionistas a Emilia Isabel Cuéllar de Flores y a sus tres hijos. La compañía se dedicaba a la elaboración, comercialización, desarrollo, aplicación y explotación de una formula química creada por el esposo y padre de los ofendidos, Mario Antonio Flores Rivera.

De acuerdo a la denuncia fiscal, ante los buenos resultados de la sociedad en el mercado, Quiñónez Sol  se acercó a los dueños y pidió ser parte del negocio. Los demandantes aseveran que la propuesta fue tentadora, por lo que accedieron a ella.

Quiñónez Sol pidió convertirse en el administrador de la empresa a cambio de entregar cierta cantidad de dinero. Si el negocio daba buenos resultados, la familia Cuéllar Flores le permitiría ser accionista del 25%; en caso contrario se retiraría sin ningún inconveniente y sin pedir que el dinero le fuera devuelto.

Además, les manifestó que tanto él y como su padre, Roberto Arturo Quiñónez Meza, poseían fincas y terrenos donde se podía continuar con la elaboración de los productos Bio Q y Q-200.

De esta forma, Quiñónez Meza alquiló una de sus propiedades ubicada en el municipio de Colón, La Libertad, a los Cuéllar Flores por $5,000 mensuales. Dicho terreno alojó el laboratorio donde se desarrolló y guardó el producto. Mientras que su hijo se convirtió en el presidente, administrador y representante legal del laboratorio.

Todo marchaba bien entre ambas familias hasta que en julio de 2009, Quiñónez Sol habría pedido a los accionistas firmar un documento -con fecha febrero de 2007- en el cual Bio-Ferme aceptaba un contrato de apertura de crédito con Agroindustriales por $3 millones.

Los accionistas se opusieron a pagar créditos que no habían autorizado realizar, generando roces con el imputado, según la denuncia.

El 21 de febrero de 2010, la familia quitó a Quiñónez Sol el control de Bio-Ferme; sin embargo lo que debía acabar en buenos términos, culminó de la peor manera. 

Quiñónez Sol se negó a entregar los libros contables y la documentación legal de la empresa, además su padre no permitió el ingreso de los empleados a las bodegas en el municipio de Colón, de acuerdo a la acusación, ya que la sociedad le adeudaba el arrendamiento del local.

Los Cuéllar Flores argumentaron que la responsabilidad del pago del inmueble estaba a cargo de Quiñónez Sol, quien entonces era el administrador. El caso llegó hasta el juzgado Cuarto de lo Civil y Mercantil, que ordenó pagar $175,000 que Bio-Ferme adeudaba a Quiñónez Meza por el alquiler del local desde el mes de julio de 2007 hasta febrero de 2010. 

Además, la familia recriminó al imputado haber contratado personal para desviar los productos y realizar "transacciones simuladas o inexistentes, suponiendo operaciones o gastos bajo la figura de 'auto consumo'".

Quiñónez Sol dijo, por su parte, que la empresa operó durante su gestión gracias al financiamiento de la sociedad Agroindustriales que inyectó el dinero a través de varias transferencias financieras; es decir, que él no ocasionó un perjuicio a Bio-Ferme, sino un beneficio para que continuara operando.

Sin embargo, los accionistas apuntaron que en la empresa no existía "algún ingreso de dinero en las cuestas o adquisición de bienes muebles o inmuebles que respalden la apertura de crédito", por lo que lo denunciaron por administración fraudulenta.

El caso llegó hasta los tribunales y se encontraba en la etapa de vista pública pero fue devuelto al juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, ya que el juzgador no habría valorado la prueba presentada antes de enviarlo a la siguiente instancia, según determinó el juez Primero de Sentencia.