El Ministerio de Medio Ambiente ya no podrá continuar con las labores de eliminación de plomo en la exfábrica Baterías de El Salvador, en el cantón Sitio del Niño, en San juan Opico, La Libertad, debido a que no con cuenta con el dinero para hacerlo.

El viceministro de esa cartera de Estado, Ángel Ibarra, explicó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que solicitaron al Ministerio de Hacienda incluir en su presupuesto $25 millones para los años 2015 y 2016 y deshacerse del plomo o darle el tratamiento adecuado, pero dicho monto no fue incluido en los presupuestos.

Ante la falta de fondos, Ibarra explicó que buscarán ayuda internacional o la aprobación de un préstamo para contratar la empresa -hasta el momento 7 han mostrado interés- que realice el embalaje y retiro de unas 40,000 toneladas de material contaminado.

"Debido a que no ha habido una aprobación del presupuesto que hemos solicitado, vamos a hacer un perfil de proyecto para hacer gestión con cooperantes y también existe la posibilidad de que si no se consiguen los 25 millones de fondos públicos estaremos a la espera de que se apruebe un préstamo del monto estimado que necesitamos para sacar de ahí la escoria", señaló el funcionario. 

Ibarra y representantes del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de Opico enfrentaron una audiencia de verificación de cumplimiento de una sentencia emitida por la Sala en 2015. 

En dicha sentencia, los magistrados responsabilizaron a los ministerios de Salud y Medio Ambiente y al concejo municipal de dicho municipio por el daño ambiental ocasionado en la zona, por haber aprobado los permisos de funcionamiento de la fábrica de baterías.

La Sala determinó que tanto Baterías de El Salvador como las autoridades de Salud y MARN son responsables de los daños al medio ambiente y a la salud que los habitantes y les ordenó “adoptar medidas para restaurar el ecosistema afectado”.

Los magistrados dieron un plazo de 10 días al Marn para presentar la documentación de la solicitud hecha a Hacienda para la asignación de los $25 millones. Mientras que al Minsal, la Sala le dio un plazo de 30 días para presentar un estudio actualizado sobre el estado de salud cuatro menores de edad que fueron reportados como intoxicados en  2016, además de las afectaciones y secuelas a neonatos y mujeres embarazadas.