Un coronel y un teniente de la Fuerza Armada son señalados de haber estafado a la Fuerza Armada por un monto de $200,630.06 producto de la venta de 4,904 pares de botas tipo Jungla. La vista pública fue reprogramada en el tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador. 

Según la denuncia, en 2011 el coronel Jaime Roberto Elías Erazo negoció con Denia Mabel García, representante legal de la Asociación Éxodo S.A. de C.V., la venta de las botas, a pesar de que su cargo no lo autorizaba para realizar ese tipo de transacciones y de conocer los impedimentos de ley de vender prendas y artículos militares a particulares. 

El coronel Erazo se identificó como comandante de Industrias Militares del Fondo de Actividades Especiales de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (FAE-CALFA), cargo que no existe en la institución castrense, y ofreció el calzado militar a $34 por par a la sociedad que tenía un año de haberse constituido jurídicamente, para ser pagado al crédito. Este tipo de transacciones no son autorizadas por parte del Ministerio de Hacienda. 

El coronel Erazo, quien en realidad era el ordenador de pagos de FAE-CALFA, negoció el precio a cambio de que la sociedad le entregara 7,391.75 pies de cuero negro para la confección de las mismas. Pero el material fue rechazo por la institución debido a que no cumplía con los estándares de calidad.  

En el mes de junio de ese año, el coronel entregó 4,904 pares a un costo de $42 cada uno a la empresa Éxodo con la ayuda del teniente de Caballería Néstor Moisés Soto Castro, quien era el encargado de la bodega. El calzado militar fue sacado de las bodegas sin autorización, documentos o garantías. No obstante las facturas fueron emitidas por el precio de $34.00, con IVA incluido, según la Fiscalía. El costo real de las botas en la Fuerza Armada era de $44.

La deuda debía ser saldada en 60 días hábiles; sin embargo la empresa Éxodo sólo abonó $23,800 de los $200,630.06. 

Según la institución castrense, las negociaciones de los contratos son funciones que pueden ser realizadas por representante legal del FAE-CALFA siempre y cuando no excedan los $5,000. En caso contrario, estas deben ser avaladas por el Vicemistro de la Defensa Nacional. Además, el precio de venta debe ser autorizado por el Ministerio de Hacienda, por lo que el trato entre el coronel y Éxodo fue ilegal. 

A pesar de ello, el militar ordenó la sustracción del calzado de las bodegas, lo cual fue avalado por el teniente Castro, sin quien no se habría podido cometer el delito -según Fiscalía- ya que este último giró ordenes al personal para que facilitaran la transacción.

El caso fue llevado ante los tribunales en 2014, luego de que la asesora jurídica de Industrias Militares se percatara de lo sucedido y lo informara a sus superiores. El coronel Erazo, el teniente Soto y Denia Mabel García fueron acusados por el delito de estafa agravada. 

Sin embargo, el 17 de octubre de 2015 el juzgado Cuarto de Sentencia determinó que la Fiscalía no había presentado suficientes pruebas para demostrar la culpabilidad de García en el ilícito y la esta fue absuelta. Asimismo, dicha instancia cambió la tipificación del delito a  administración fraudulenta. 

El tribunal condenó al coronel Erazo a tres años de prisión y al teniente Soto a dos años. En ambos casos la detención fue sustituida por trabajo de utilidad pública; no obstante, la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro admitió un recurso contra la resolución y anuló la sentencia. 

Además ordenó que la vista pública se realizara nuevamente, en esta ocasión en el juzgado Sexto de Sentencia de San Salvador, donde esta semana fue reprogramada la audiencia para el 30 de enero 2017.