La absolución de los procesados en el caso Soto llevó a su máximo nivel la sospecha de que las autoridades habían intentado, deliberadamente, condenar a unos chivos expiatorios para poder encubrir a los verdaderos asesinos. Pero si era así, esa farsa siniestra podía costarle muy caro al gobierno salvadoreño.

Apenas cuatro días después de esa sentencia, el jefe máximo de los Teamster, Jimmy Hoffa, emitió una declaración oficial en términos bastante severos: 

“Sin contar con ninguna prueba decisiva, el gobierno salvadoreño arrestó y encarceló a Rosa Elba Zelaya de Ortiz, la suegra de Gilberto Soto. Ahora, más de 15 meses después, el gobierno salvadoreño ha desestimado su acusación contra Zelaya de Ortiz. El caso carecía de fundamento desde el principio, ya que el gobierno rehusó considerar cualquier otra posibilidad”.

Y agregó una sugerencia muy grave: 

“Han arruinado la vida de una mujer inocente al someterla a una cacería de brujas para evitar perseguir al autor intelectual de este asesinato cometido en el estilo de los escuadrones de la muerte, mientras daban a los verdaderos culpables grandes oportunidades de borrar cualquier prueba que pudiera vincularlos al crimen. Recibimos garantías del gobierno salvadoreño de que se realizaría una pesquisa objetiva y abierta. Eso nunca sucedió”. 

Hoffa puntualizó su grave insinuación: “La conducta de los funcionarios del gobierno salvadoreño en este caso parece constituir un intento de encubrir o desviar la atención sobre los instigadores de este horrendo crimen”. Y finalizó diciendo: “He pedido al presidente Elías Antonio Saca que reabra el caso, asigne los mejores investigadores, y siga el proceso hasta que los perpetradores, sean quienes sean, comparezcan ante la justicia”.

Por otra parte, el caso ponía en serio riesgo una donación de más de 300 millones de dólares que ya casi teníamos en las manos. En efecto, en noviembre del 2005, Washington anunció que El Salvador era elegible para competir por los fondos de la Cuenta del Milenio. Una excelente noticia económica pero también política, pues Estados Unidos sólo concede esa donación a países que demuestran un consistente avance en su democracia y en su lucha contra la corrupción y la impunidad. 

James Vermillion, el director de la Corporación para la Cuenta del Milenio (CCM), dijo entonces que El Salvador fue seleccionado “porque ha recibido calificaciones altas en comparación con sus vecinos de la región”. De hecho, en lo relativo al combate a la corrupción, uno de los 16 indicadores evaluados por la CCM, nuestro país puntuaba por encima de la media.

Para acceder a la donación, era imprescindible que el gobierno mantuviera en buen nivel o avanzara en esos indicadores. Según el proyecto de inversión presentado por nuestro gobierno, la donación beneficiaría de modo directo a 800 mil salvadoreños. 

Pero había una contradicción evidente entre el hecho de que uno de los principales  indicadores que evaluaba la CCM fuera el combate a la corrupción y a la impunidad, concepto ligado estrechamente al funcionamiento del sistema judicial de cada país, y el hecho de que el Departamento de Estado de Estados Unidos reiterara año con año, desde 1999, la calificación del sistema judicial salvadoreño como “ineficiente y corrupto”. 

Como he anotado ya en este reportaje, el senador Patrick Leahy dirigía el comité que, en última instancia, aprobaba o no los fondos para para la asistencia económica de Estados Unidos a países en vías de desarrollo. Y Leahy le había enviado al presidente Antonio Saca, en enero de 2006, una carta personal para, advertirle que sin solución real del caso Soto no habría donación. Entre otras cosas, esa carta, cuya copia me entregó Leonel Gómez, decía lo siguiente:

“Hay varios asuntos referidos a las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos que son de permanente interés para mí y otros miembros del Senado; particularmente la reforma del sistema judicial y la aplicación de su gobierno para recibir asistencia de la Cuenta del Milenio (…) También quiero hacer mención del caso de Gilberto Soto. De acuerdo con la información que he recibido, la investigación sobre este caso ha sido seriamente mal manejada. Es esencial dar los pasos necesarios para corregir estos problemas y garantizar que se haga justicia”.

El caso Soto sería sólo otro tropiezo de  nuestro sistema judicial, un número más en las alarmantes estadísticas de la impunidad, pero tratándose de un ciudadano estadounidense, representante oficial de un sindicato tan poderoso como el de los Teamsters, no podía menos que generar muy serias reacciones en Washington.

Y en todo eso tenía que ver Leonel Gómez y sus informes sobre el avance de investigación que realizaba en el terreno.

La sombra de la narcopolítica

Una mañana de finales de abril de 2006, Leonel me dijo que era urgente que fuéramos a Washington. “Yo ni visa tengo”, le respondí”. Él hizo un par de llamadas y consiguió que me la dieran al día siguiente.

En Washington nos reunimos con los Teamsters en su cuartel general, luego con miembros del staff del senador Leahy en el Congreso, finalmente con algunos lobbystas conocedores del tema centroamericano y con amigos de Leonel que me parecieron miembros de alguna comunidad de inteligencia o algo parecido.  

A los funcionarios Teamsters, Michael Manley y Timothy Beaty, del departamento de estrategias globales del sindicato, Leonel les habló de lo que él creía que en realidad pudo haber ocurrido en el caso Soto, pero advirtió que en ese momento solo se trataba de una teoría en construcción. Según su hipótesis, el telón de fondo de la muerte del sindicalista era un cruce de intereses entre el crimen organizado y la política, específicamente el narcotráfico protegido por algunos operadores políticos.

En sus contactos con trabajadores portuarios y del transporte de Centroamérica, Soto habría recibido informes sobre movimientos de droga en contenedores por vía marítima y terrestre. En algún momento habría hablado de estos informes delante de personas no muy confiables, y eso alertó a los capos del narco, los que habrían ordenado el crimen, ejecutado por sicarios que pudieran ser policías o ex policía al servicio de algunos políticos. 

Leonel había venido sosteniendo, desde finales de los noventa, que los cárteles colombianos, al complicárseles la ruta caribe para el envío de la droga hacia Estados Unidos, reforzaron el corredor centroamericano, por el que estaban moviendo más de 500 toneladas de cocaína cada año. Eso implicaba una enorme cantidad de dinero y un considerable contingente de cómplices locales, entre ellos gente muy poderosa en las instituciones del Estado y en el sector privado. Pero también en el bajo mundo.

Unos se encargaban de la seguridad del transporte y del  almacenamiento, en tanto que otros eran los responsables del factor financiero y de asegurar la impunidad por medio de la infiltración en las instituciones. En este cuadro, El Salvador sería uno de los países más afectados por esa operación, sobre todo en lo relativo al narcolavado. Pero además, en ese oscuro proceso, las antiguas bandas fronterizas de contrabandistas de lácteos estaban pasando a ser minicárteles locales del narco, bajo la protección de funcionarios públicos corruptos.

Y, de hecho, decía Leonel, aquellos antiguos y modestos contrabandistas se estaban convirtiendo poco a poco en dueños de flotillas de furgones que atravesaban toda la región… Con los choferes de esos furgones es que se había contactado Gilberto Soto.

Cuando Leonel comenzó a hablar del surgimiento de esos minicárteles centroamericanos, no fueron muchos los que le prestaron atención, al menos en nuestro país. Pero hacía tres meses, el 29 de enero de 2006, el periódico Siglo XXI, de Guatemala, dio a conocer parcialmente un documento elaborado por la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas, CFAC, que integraba a los ejércitos de Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador. Ese documento confirmaba, punto por punto, las aseveraciones de Leonel Gómez. He aquí cuatro párrafos de la nota de Siglo XXI:

“Una falta de legislación integral, la inadecuada aplicación de las leyes, el involucramiento de algunas autoridades en el narcotráfico, los altos niveles de pobreza y de desempleo, las limitaciones en las instituciones de defensa y seguridad, son algunas debilidades que priman en la región y que son aprovechadas por los cárteles de la droga para fortalecerse y también ampliarse.

“Centroamérica, agrega la CFAC, además de seguir siendo un importante puente para el trasiego ‘se está convirtiendo en un crucial punto de almacenamiento temporal de droga y de lavado de activos’.

“También hay indicios de que se podría estar creando una narcorregión en la zona caribeña de Honduras y Nicaragua. Los temores surgen debido a la ‘tendencia ascendente de la narcoactividad’, cita el documento.

“El Salvador es considerado como el más vulnerable para el narcolavado, debido a su economía dolarizada. Los análisis de las Fuerzas Armadas concluyen que esta vulnerabilidad atrae ‘a los cárteles mexicanos y colombianos enmascarando la actividad ilícita en las remesas provenientes desde Estados Unidos’.

Así las cosas, la teoría de Leonel Gómez cobra mayor solidez y, de paso, sugiere que quienes ordenaron el asesinato de Soto son personas con mucho poder y gran margen de impunidad.

Luego del informe, preguntamos a los Teamsters cuáles serían sus próximos pasos. Ellos explicaron que en ese momento no podían hablar en nombre de Jimmy Hoffa, y que éste ya había anunciado su posición en la declaración del 22 febrero: exigencia de la reapertura inmediata del caso. Pero nos avanzaron una importante primicia:

“Los Teamsters harán todos los esfuerzos necesarios para informar a la comunidad de trabajadores del mundo que el gobierno de El Salvador ha fallado en investigar el asesinato de Soto, incluso después que se probara que la investigación inicial era deficiente. Haremos todos los esfuerzos necesarios para informar a la comunidad laboral mundial, y al mundo en general, que éste es el tratamiento que pueden esperar los líderes laborales del gobierno de El Salvador. Los Teamster demostraremos que en El Salvador no hay justicia. Esta campaña mundial de denuncia comenzará en la Reunión de Federaciones de Trabajadores del Transporte, en agosto de 2006, en Sudáfrica, y continuará hasta que se haga justicia en el asesinato de Gilberto Soto”.

Off the record

En Washington todos hablan pero no todos están autorizados o simplemente dispuestos para hacer declaraciones públicas, y en general hablan más libremente cuando las grabadoras están apagadas. Así pudimos tener reuniones informales con algunos lobbystas expertos en las relaciones USA-Centroamérica, como Bruce Cameron, o importantes funcionarios como Tara Magner, del Comité de Asuntos Legales del Senado, o David Liguall, del Departamento de Estado. 

Todos ellos coincidieron en que el Caso Soto estaba entrando en una dimensión extraordinaria, debido a la complejidad del momento político: bajísima popularidad del presidente Bush, elecciones legislativas próximas, la polémica por la política migratoria, y la alta sensibilidad de los contribuyentes en cuanto al destino que el gobierno da a los fondos públicos, entre otros factores.

Tara Magner ilustraba así éste último punto: “No queremos que el gobierno de los Estados Unidos regale nuestro dinero a países en que el asesinato de un ciudadano americano parece no importarle a nadie, y donde un sistema legal tiene tantos problemas de corrupción. El dinero de la Cuenta del Milenio tendría mejor destino si se invierte en New Orleáns, por ejemplo”.

David Lindguall me dijo que lo menos que el presidente Bush necesitaba en ese momento era abrirse un flanco de ataque por un problema como el del caso Soto, si es que los demócratas y los Teamsters hacen causa común en su denuncia, lo que parece bastante probable, sobre todo porque el único congresista que, hasta el momento, se ha mostrado interesado en el caso del sindicalista, es precisamente el representante demócrata Patrick Leahy.  “No creo que el presidente Bush esté dispuesto a pagar un precio tan alto por mantener a toda costa su apoyo al gobierno salvadoreño. En este momento tiene problemas mucho más importantes que afrontar”, concluyó Lindwall.

Y nuestro próximo paso en Washington fue visitar en el Congreso a Tim Rieser, el mismo hombre que le había entregado al presidente Antonio Saca en propia mano la carta personal que le envió el senador Leahy.