Sin un espacio en su rostro para más tatuajes, Manuel Cuesta Villalta llegó al tribunal Sexto de Sentencia para firmar el libro de control. Quince días antes, recuperó su libertad pese a que aún tiene un proceso en su contra. El motivo, ya pasaron dos años desde su detención y el juzgado no ha resuelto su caso, por lo que, por ley, no puede seguir preso.

Según el artículo 8 del Código Procesal Penal, "la detención provisional no debe sobrepasar los 12 meses para los delitos menores y los 24 meses para los delitos graves", esto se traduce en que una persona que es procesada no puede pasar detenido sin condena por más de dos años.

El hombre quedó en libertad en el mes de junio junto otros tres imputados en el delito de posesión y tenencia de droga para fines de tráfico, luego de que la policía les encontrara 23 porciones de marihuana y dinero en efectivo. Desde entonces transita por las calles como cualquier otro ciudadano a pesar de las graves sospechas que pesan en su contra.

Cuesta fue el único que llegó a firmar ese día. Por el diálogo que sostuvo con el personal del tribunal indicado y su falta de conocimiento para leer y escribir, es de pensar que el imputado aún no era consciente que su proceso no ha finalizado y que existe la posibilidad de que vuelva a un centro peniteniciario en caso de recibir una sentencia condenatoria.

El culpable: la saturación de trabajo

Así como el caso de Cuesta, hasta seis imputados quedan en libertad por semana en los tribunales de sentencia de San Salvador, lo que según los empleados se debe a la saturación de trabajo que presentan.

La relevancia de esta situación es que los imputados al salir de la detención provisional pueden dejar de presentarse a los controles estipulados, fugarse e intentar esconderse de la ley y en el peor de los casos reincidir en el accionar delictivo. 

Algunos jueces de sentencia de San Salvador consultados por El Salvador Times coinciden en que las causas que generan la saturación de trabajo en los tribunales son variables, pero todas desembocan en la necesidad de contar con un número mayor de personal o aumentar el número de tribunales.

Uno de los tribunales que presenta grandes problemas de retrasos es el Sexto de Sentencia, donde según fuentes judiciales se liberan entre seis y ocho reos por semana, todos ellos porque se les ha vencido el plazo para la detención provisional.

En ese tribunal se han señalado otras anomalías, como el incumplimiento del horario de trabajo de uno de sus jueces, tal como lo informó oportunamente El Salvador Times.

El caso de Santa Tecla

Otro caso consultado es el del tribunal de Sentencia de Santa Tecla, donde la carga laboral de todo el personal es tan grande que a pesar de agendar entre 10 y 12 audiencias diarias entre los tres jueces, hay una evidente sobresaturación.

En ese tribunal laboran un secretario, seis colaboradores, una citadora y un notificador, quienes deben trabajar hasta 12 horas diarias para poder sacar el trabajo más o menos a tiempo. Ellos esperan que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) les apruebe la incorporación de más personal, que ya les fue prometido.

"El personal de los tribunales es prácticamente el mismo que se instaló desde hace 20 años y que no ha tenido ningún incremento, y que por lo tanto no da abasto para cubrir un número mayor de audiencias o audiencias grupales donde hay bastantes imputados", explicó un juez de Santa Tecla.

Un juez del tribunal Quinto de Sentencia, por su parte, explicó que las causas que han ingresado en ese tribunal han aumentado año con año, es así que en 2014 en ese tribunal se atendieron 272 causas, en 2015 ingresaron 297, en 2016 fueron 362 y hasta el mes junio de este año la cifra de casos es de 204.

Problemas de logística causan retrasos

Según los jueces consultados otras de las razones que generan esa situación es la constante reprogramación de casos por falta de salas de audiencia, equipo técnico para audiencias virtuales, la saturación de la agenda del departamento de informática y hasta las causas externas que tienen que ver con las situaciones planteadas por los fiscales y abogados defensores de cada caso. 

En este último punto, es constante la ausencia de abogados defensores y acusadores por enfermedad, otros compromisos, otras audiencias, etcétera.

De seguir con esta situación se corre el riesgo de que "los jueces apostemos por resolver la mayor cantidad de casos y que se genere alguna desatención en la calidad del trabajo", explicó un juzgador consultado.