Luego de que el gobierno de Daniel Ortega confirmara el asilo político otorgado al expresidente Mauricio Funes, diferentes funcionarios y exfuncionarios nicaragüenses criticaron dicha acción la que consideran puede afectar la imagen de ambos.

En declaraciones citadas a la agencia EFE, el excanciller nicaragüense Francisco Aguirre Sacasa, consideró que el hecho se produce como un favor que el gobierno del Frente Sandinista le está haciendo al del FMLN, "va a tener un costo, porque la percepción va a estar allí, que es un prófugo de la Justicia”, señaló.

Asimismo consideró que el asilo otorgado a Funes es “un negocio malo” para Ortega, “porque el costo será mayor que los beneficios”. El secretario general del FMLN ha admitido que su partido intercedió para que Funes y su familia recibieran ese beneficio y no fueran humillados en El Salvador. 

El exdiputado Carlos Langrand lamentó que Nicaragua esté dando asilo a personas que huyen de la Justicia, mientras rechaza y persigue como delincuentes a los emigrantes que quieren cruzar la frontera en busca de mejores condiciones de vida.

Langrand aseguró que su país se esté convirtiendo en un “paraíso de evasores”, esto en referencia a que recientemente en Nicaragua también fue visto el expresidente del parlamento guatemalteco, Luis Rabbé, contra quien recientemente se giró orden de captura por crear plazas fantasmas en la administración pública.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Jacinto Suárez, defendió la decisión de Funes argumentando que eligió a Nicaragua porque “aquí se siente seguro”.

“Entiendo que el caso de Funes es una persecución política, no podemos leerlo de otra manera”, respondió el diputado Suárez a La Prensa de Nicaragua.

En el documento dado a conocer ayer en el diario oficial La Gaceta se argumenta que el beneficio fue otorgado "porque la Constitución Política de la República de Nicaragua asegura el asilo para los perseguidos políticos, amparando a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos, estableciendo que la ley determinará la condición de asilado o refugiado político, de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua”, según detalla la resolución ministerial en La Gaceta.