Brasil, el último país americano en abolir la esclavitud, publicaba desde 2003 una modélica "lista sucia" de patrones que parecían no haberse enterado de ello. Pero desde que Michel Temer asumió el poder en 2016, el gobierno ha dejado de divulgar ese listado semestral, generando fuertes críticas.

Una orden judicial obligaba a difundir la lista a partir del pasado 7 de marzo, pero eso no ocurrió, dado que un recurso de la Abogacía General de la Unión (AGU) logró retrasar la publicación de ese mapa de la esclavitud moderna en el gigante latinoamericano.

El argumento presentado por el ente que representa los intereses del gobierno ante el Tribunal Superior del Trabajo (TST) fue que esa lista, tal y como está planteada, vulnera el derecho a la defensa de las empresas citadas.

La lista debería ahora volver a publicarse en julio, después que una comisión gubernamental acompañada de representantes sindicales y patronales revise los criterios de inclusión.

El Ministerio Público del Trabajo recurrió la decisión del gobierno, sosteniendo que esa lista es el "método más efectivo, eficaz y expedito de combatir el mal del trabajo esclavo". Varias ONG también criticaron el aplazamiento de la divulgación.

"Es evidente que el gobierno está censurando la 'lista sucia' y que ha sido susceptible a presiones del poder económico, como la construcción civil o el agronegocio", dijo a la AFP Leonardo Sakamoto, fundador de la ONG Reporter Brasil, que investiga a las compañías acusadas de esclavitud.

La ONG australiana Walk Free estima en su informe de 2016 que en el mundo hay 45,8 millones de personas sometidas a condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud, la mayoría (58%) en cinco países: India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán. En Brasil, habría unos 161.000 trabajadores.

Según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT, vinculada a la Iglesia católica), unas 52.000 personas fueron rescatadas de esas condiciones degradantes de trabajo en las últimas dos décadas en el país sudamericano.

La mayoría de las víctimas son jóvenes de 15 a 30 años, analfabetos, provenientes de zonas pobres y llevadas a plantaciones de soja o caña de azúcar o a minas con una promesa engañosa de buenos salarios.

Pero al llegar al lugar, muchos se encuentran sometidos a condiciones de explotación extrema, sin salario, con pésimas condiciones de alimentación y alojamiento, siendo frecuentemente sometidos a castigos corporales e impedidos de marcharse bajo amenazas de muerte, según explicó el año pasado el cooordinador de la CPT Xavier Plassat, en ocasión de una demanda que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- Sin lista desde 2014 -

Un recurso presentado por la asociación de constructoras Abrainc llevó en diciembre 2014 al Tribunal Supremo de Justicia (STF) a prohibir la difusión de esa lista, apoyando el argumento de que no había mecanismos de defensa para quienes eran mencionados en ella.

El gobierno izquierdista de Dilma Rousseff hizo una serie de modificaciones y la prohibición de difusión fue levantada por el STF en mayo de 2016. 

La lista debía publicarse en junio, un mes después de que Temer reemplazara a la destituida Rousseff, y nuevamente en diciembre, pero ello no ocurrió hasta ahora.

El mandatario conservador cuenta con una amplia base de apoyo en el Congreso, de la que forma parte la denominada "bancada ruralista", de grandes propietarios agrícolas.

En respuesta a una consulta de la AFP, el ministerio del Trabajo se limitó a enviar una nota en la que el ministro Ronaldo Nogueira aseguraba a inicios de mes que la lsta es "un instrumento importante para combatir el trabajo esclavo", pero que las modificaciones ordenadas por Rousseff no garantizaban el derecho a una "amplia defensa de los acusados del crimen, dando margen a nuevas réplicas judiciales".

Aunque Brasil abolió la esclavitud en 1888, el combate al trabajo esclavo moderno tomó fuerza en el país durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), en una política que el izquierdista Lula da Silva siguió con la creación de esta "lista sucia". Las empresas incluidas son pasibles de multas y pueden tener bloqueado el crédito en bancos públicos.

En un informe en abril del año pasado, la ONU reconoció los avances del país en la materia pero pidió al gobierno que reactivara la "lista sucia", por ser un instrumento "importante" para combatir la esclavitud moderna.

"La importancia de la lista es total para garantizar la transparencia de las políticas públicas contra el trabajo esclavo y para que las empresas extranjeras puedan hacer un análisis de riesgo y sentirse seguras a la hora de comprar ciertos productos", afirma el fundador de Reporter Brasil.

En diciembre, la CIDH pronunció una condena histórica contra Brasil, obligándolo a indemnizar a 85 trabajadores de una hacienda en el estado amazónico de Pará que habían sido reducidos a condiciones de esclavitud.