El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, anunció la solicitud de ejecución de una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien recibió recientemente un indulto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hernández, que gobernó el país centroamericano entre 2014 y 2022, enfrenta cargos de lavado de activos y fraude en el marco del caso Pandora II.

“Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país. Es por ello que he instruido a la ATIC y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández”, declaró Zelaya en su cuenta de X, en un mensaje emitido en vísperas del Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre.

La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de Honduras será la encargada de iniciar los trámites internos para la detención, mientras se coordina con Interpol para su posible captura fuera del país.

El fiscal subrayó que “nuestra lucha es frontal” frente a los delitos que se le imputan a Hernández, incluyendo fraude y lavado de activos, que habrían afectado la administración pública durante su mandato.

Hernández fue extraditado a Estados Unidos en abril de 2024 y, en junio del mismo año, fue condenado en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico de armas. La sentencia incluyó cinco años de libertad vigilada y una multa de $8 millones. El expresidente permaneció en prisión más de tres años antes de recibir el indulto otorgado por Trump, que le permitió salir de la cárcel el 1 de diciembre de 2025.

En su primer mensaje tras la liberación, Hernández expresó su agradecimiento al mandatario estadounidense.

“Una vez más, quiero agradecer al presidente Donald Trump por reconocer la injusticia en mi caso y por concederme ese perdón, así como por las fuertes palabras muy claras al pueblo hondureño”, escribió en redes sociales. Agregó que valora “el interés en el destino de nuestra nación y la importancia de una Honduras segura, fuerte y próspera”.

El indulto presidencial ha generado tensiones políticas y legales en Honduras, pues la justicia local continúa considerando vigente la acusación por corrupción y fraude. La Fiscalía hondureña enfatiza que la medida estadounidense no modifica los procesos penales que se siguen en el país centroamericano, por lo que la cooperación internacional será clave para la ejecución de la orden de captura.

El caso Hernández refleja la compleja intersección entre la justicia nacional y las decisiones ejecutivas de Estados Unidos, un factor que podría generar precedentes para futuros procesos judiciales de exfuncionarios latinoamericanos implicados en delitos de corrupción y crimen organizado.

La solicitud de Zelaya se suma a los esfuerzos de la Fiscalía hondureña para consolidar la persecución de delitos financieros y de lavado de activos vinculados a exfuncionarios, en un contexto en que la corrupción sigue siendo un desafío estructural para el país.