Guatemala comenzó este lunes a poner en marcha un plan para eliminar gradualmente la participación de militares en tareas de seguridad pública y enfocar la lucha contra la criminalidad desde una perspectiva civil, anunció el ministro del Interior, Francisco Rivas.

En una primera fase, los primeros cuatro meses del 2017 se hará una reorganización de los 4,200 soldados que apoyan a la Policía Nacional Civil (PNC), para concentrarlos en zonas con alta incidencia criminal.

Posteriormente, la fuerza militar en las calles será reducida en 50% y para finales de año será retirada por completo, explicó el ministro.

"La labor de prevención de la PNC se está desarrollando con la finalidad de enfocar la seguridad desde un concepto mucho más integral", dijo Rivas a periodistas.

Las fuerzas de seguridad de Guatemala se enfrentan a una ola de violencia que deja unos 6.000 muertos al año, principalmente por luchas entre cárteles de las drogas y la acción de las pandillas que se dedican al sicariato, la extorsión y el narcotráfico.

El ministro indicó que este año se graduarán unos 4.000 policías para sumarse a los 37.000 agentes que operan actualmente y así poder suplir la salida de los militares.

Por su lado el ministro de la Defensa Nacional, Williams Mansilla, añadió que mantendrán las funciones de seguridad en fronteras y perímetros de las cárceles, así como en acciones humanitarias ante desastres naturales. 

La participación de los militares en la seguridad pública ha sido rechazada por algunos sectores debido a la responsabilidad de la institución castrense en cientos de masacres en comunidades indígenas y otros crímenes durante la guerra civil, que entre 1960 y 1996 dejó 200.000 muertos o desaparecidos, según un informe de la ONU.  

Los opositores han señalado que la preparación de un soldado no es acorde con la seguridad pública.