• Diario Digital | viernes, 06 de diciembre de 2019
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Judiciales - SAN SALVADOR

Acusados de estafar con $68,000 a una imprenta quedan en libertad por ser delito viejo

El juez el caso estableció que ese delito ya había prescrito, razón por la cual no podía juzgarlos a los acusados y decidió dejarlos en libertad.
Acusados de estafar con $68,000 a una imprenta quedan en libertad por ser delito viejo

Dos sujetos acusados de estafar con $68,365 a la imprenta La Tarjeta quedaron en libertad debido a que el delito ya había prescrito.

El Juzgado 11° de Paz de San Salvador decidió absolverlos de manera definitiva, pues el delito por el cual Roberto Enrique Portillo Aquino y Fernando Oswaldo Martínez Medina eran señalados ya no se podía juzgar.

Según el requerimiento que presentó la Fiscalía al juzgado, la imprenta se sometió a un estudio del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondepro) para mejorar sus condiciones. El ministerio de Economía les terminó favoreciendo con un proyecto, pero debían mejorar sus condiciones.

Esa mejora pasaba por adquirir un equipo especial, por lo que hicieron cotizaciones en diferentes lugares y encontraron la maquinaria en una empresa de nombre Prometca, donde solicitaron información.

Fernando Martínez se presentó como gerente y les envió la documentación respectiva, a La Tarjeta le pareció el preció e iniciaron los trámites para la adquisición del equipo.

Prometca envió los documentos, firmados por Roberto Portillo, en su calidad de representante legal, a La Tarjeta. En los papeles se establecía la forma de pago, la entrega y otros. Uno de los requisitos era un anticipo de $68,365.

La imprenta aceptó las condiciones y pagó el anticipo, por lo que los sujetos se comprometieron a entregar el equipo que habían solicitado en 60 días.

El problema fue que la maquinaria nunca llegó, razón por la cual la imprenta llamó en diversas ocasiones y no había respuesta. Fue hasta un día que decidieron acudir a la dirección que aparecía en los documentos y se llevaron la sorpresa.

En el lugar no había una empresa llamada Prometca y nunca existió, según pudieron verificar los fiscales del caso.

Luego de escuchar el alegato de las partes, se decidió configurar el delito de estafa, pero el juez estableció que ese delito ya había prescrito, razón por la cual no podía juzgarlos y decidió dejarlos en libertad.

El Código Penal establece que la pena de cárcel por estafa es de cinco años, para que el delito no prescriba la acción penal tendría haber iniciado antes de los cinco años. 

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