El empresario salvadoreño, Jaime Adalberto Flores Batres, tenía pensado realizar una serie de inversiones en el país justo en el momento en que la Fiscalía presentó una acusación en su contra y varios miembros de su familia en la que los señalaban de haber lavado $18 millones.

Flores Batres, un albañil de profesión, fue acusado junto a otros ocho miembros de su familia, tras una investigación del Ministerio Público en la que se determinó que el patrimonio de esta familia oriunda de Morazán era ilícito.

Los defensores de los imputados señalan que con 17 años Jaime Adalberto emigró en 1994 hacia Estados Unidos y en Maryland comenzó a trabajar en construcción, algo que le permitió ganar dinero para comprar un terreno y una casa en estado de abandono.

Según los abogados, el señalado como cabecilla de la estructura familiar remodeló la vivienda que había adquirido y logró venderla ganándole el triple de dinero que había invertido. Algo que le marcó el rumbo para dedicarse a la construcción.

Es así como el hombre oriundo de Morazán que había ingresado de manera ilegal a Estados Unidos comienza a construir los cimientos de lo que luego se convertirían en dos empresas que lo llevaron a tener importantes negocios en Estados Unidos.

Hasta 2007 a Flores Batres y su familia les fue bien en el mundo de los bienes y raíces, tiempo en el que lograron amasar una fortuna que según peritajes realizados se estima en $2 millones, algo que se evidenciaba con el estilo de vida que llevaba la familia residente en El Salvador.

De 2008 a 2012 los negocios de la familia Flores Batres tuvieron dificultades esto debido a la crisis que se tuvo en Estados Unidos y que obligó a Jaime Adalberto a buscar en Perú un nuevo punto para trabajar.

Es así como el hombre llega a Sudamérica con $196,000 en efectivo y que le sirvieron para fundar la constructora Jara Group S.A. de C.V. con la que desarrolló proyectos en la zona de Huacho que lo llevaron a ser reconocido como un prominente empresario.

De empresario a perseguido

Para la familia todo empezó tras llegar a Perú, pues eso puso la alerta en las autoridades salvadoreñas. Esto pese a que el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, nunca emitió un aviso o algún reporte de operaciones sospechosas, el Ministerio Público inició una investigación a esta familia que terminó con la captura de nueve de sus integrantes.

“El principal problema de ellos es que cuando llegaron a abrir sus cuentas bancarias no se les pidió un respaldo para justificar el dinero que iban a depositar en las agencias bancarias y por eso la confusión administrativa”, señaló una de las abogadas del caso.

Los abogados señalaron que la cantidad señalada por la parte acusadora se ha inflado producto de no haber procesado de la manera indicada la información recibida de bancos de Perú, Colombia y Estados Unidos.

Los defensores señalan el tratamiento mediático que la Fiscalía le ha dado el caso recordando que llegaron a comparar viviendas que son propiedad de los imputados y aclararon que los comparativos realizados no son de la misma propiedad.

“Una de las residencias con lujos que se ven en esas fotos es propiedad de uno de los imputados, pero no es el mismo terreno, incluso eso ni fue punto de pericia. Todo responde al estilo mediático de la Fiscalía”, señalaron los defensores.

Jara Group de momento tiene paralizadas sus labores en Perú debido a este proceso judicial, algo similar ocurre en Estados Unidos, pese a que no se tienen cuentas pendientes, pero las noticias sobre su caso en El Salvador los han afectado.

“El único problema que Jaime Adalberto tiene es su estado migratorio ya que nunca pudo legalizarse, pero por lavado de dinero no hay cuentas pendientes”, señaló la parte defensora.

La acusación de Fiscalía

Según la acusación del Ministerio Público, la familia pasó de vivir en una casa de bajareque y lámina a una lujosa vivienda en un periodo de seis años.

En aquel momento, aunque se giró orden de captura contra 9 miembros de la familia, solo fue detenida Jesús Anabel Flores Batres, la hermana de Jaime Adalberto, quien fue enviada a prisión preventiva el pasado 29 de julio por un juzgado. Los demás no fueron localizados.

El resto de familiares señalados son: Elías Geovanny Flores Batres, hermano de Jaime, es acusado de movilizar $289 mil; su esposa  María Verónica Rodríguez, quien de acuerdo a la Fiscalía movilizó $1.5 millones; y Rosa Batres viuda de Flores, quien movilizó $4.8 millones. Además Sandra Yasmin Flores Batres  $190 mil; Sonia Maricel Amaya $869 mil; María Brígida Márquez $70 mil y Rosa Delmy Amaya Márquez $2.2 millones.

En un primer momento el caso estuvo bajo un juzgado especializado por tratarse de un caso de crimen organizado. Sin embargo, al detectar que no se trababa de una banda criminal sino de una familia el juzgado se declaró incompetente y pasó el caso de Jesus Anabel a un tribunal ordinario.

Sin embargo, los demás hermanos siguen a la orden de un juzgado especializado como reos ausentes, pues se encuentran aún el exterior. 

“Ellos se quieren presentar pero no en estas condiciones que no les protegen sus garantías”, explicaron los defensores quienes van a pedir que el caso pase a un tribunal ordinario para empezar a resolver su situación.

De momento el tribunal Tercero de Sentencia ha programado la audiencia de vista pública en contra de Jesús Adabel para el 20 de abril del presente año, mientras los demás se encuentran pendientes.