La petición de que uno de los empleados que fungía como colaborador judicial se cambiara de escritorio llevó a que una jueza titular de uno de los Juzgados de Paz de San Salvador temiera por su vida.

El pánico se originó la tarde del 21 de mayo de 2016, cuando a eso de las 5:30 de la tarde Carmen (nombre cambiado por protección a la víctima), de 62 años de edad, le solicitó a su subalterno,  Enrique V., de 31 años, que se trasladara de un escritorio situado en el sitio de labores hacia otro, según consta en el expediente judicial por este caso. 

“No tengo porqué acatar sus órdenes”, fue la respuesta que Enrique le dio a la jueza de Paz, quien fue nombrada como propietaria desde 2003 en ese cargo.  

Sin pensarlo dos veces, el hombre protestó frente al resto de empleados del juzgado, por lo que la víctima le solicitó que respetara la jerarquía laboral y le argumentó, a la vez, que él hacía mal uso del equipo asignado.

Ante la conducta intransigente y confrontativa del empleado, que labora en el Órgano Judicial desde enero de 2013, la mujer decidió retornar a su despacho. Tras ella iba Enrique.

“Ya sé a dónde vive y se le puede mandar a causar cualquier daño”, le dijo el hombre frente a la secretaria del juzgado antes mencionado.

Esa conducta hizo que el clima laboral se tornara tenso y que el resto del personal se dividiera. Además, un estudio social realizado para el caso concluyó que las relaciones interpersonales entre la afectada y el agresor eran desfavorables.

Una segunda amenaza

Un mes después de haber sido amenazada, la víctima le comunicó a Enrique que le quitaría la facultad de conocer los procesos penales, debido a que para ello se debe tener comunicación directa entre colaboradores y jueces y con él no era posible ello por su mal comportamiento.

El enojo y la aparente indignación hizo que Enrique desacreditara las labores de Carmen: “¡Ah! Vieja, usted es una ignorante. No sé por qué la Corte tiene gente así”.

Nuevamente, el sujeto volvió a amenazar a la jueza: “Ahora sale más barato mandar a matar y hay maneras de poder hacerlo”.

La intimidación generó en Carmen miedo y varios episodios de llanto, por lo que el 24 de junio de 2016 denunció a su agresor ante la oficina fiscal de San Salvador, en la Unidad de Atención Especializada para la mujer.

Enrique entonces fue señalado por el delito  de expresiones de violencia contra la mujer, amparado en el artículo 55 de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia (LEIV).

El proceso judicial contra Enrique

Luego de una denuncia, durante el proceso -que culminó en el Tribunal 1° de Sentencia- se desarrolló una evaluación psicológica en donde se determinó que la jueza requería de un tratamiento en ese campo, durante un periodo entre seis a un año por el trauma generado por las amenazas.

Además, se recomendó que se hiciera un peritaje psiquiátrico y psicológico para el imputado, con el fin de detectar una posible personalidad psicópata y elementos relacionados a ella, como peligrosidad o consumo de sustancias, según se plasma en el expediente del caso.

Ante esto, Enrique fue evaluado y las conclusiones de esto fue que no presenta ninguna enfermedad mental. Sin embargo, es una persona pasiva-agresiva y pierde el control ante situaciones frustrantes.

Pese a que la parte defensora de Enrique contó con siete testigos de descargo en la vista pública ejecutada por el Tribunal 1° de Sentencia, el imputado fue condenado a cancelar 10 salarios mínimos, es decir, un total de $3,000.

Además, el juez le impuso un pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil, mismos que deberán ser entregados a Carmen, debido a que ese es el costo de las sesiones psicológicas a las que debe someterse.

Enrique, además, fue trasladado hacia otro juzgado. Tras considerar que el fallo no era justo, su abogado y él apelaron la resolución y están a la espera de si es o no a favor ese resultado.