Cuatro años fueron suficientes para que Mario Edgardo Marroquín se ganara la confianza de los propietarios de Distribuidora Santa Emilia, una empresa comercializadora de productos lácteos ubicada en la calle El Matazano, en Soyapango.

Marroquín era vendedor y como tal se le había asignado una ruta para que distribuyera la línea de productos que se fabrican en el lugar.

En noviembre de 2015, el empleado empezó una venta falsa que lo llevó hasta los Tribunales de Sentencia bajo el delito de estafa.

Marroquín programaba todos los domingos su salida de la empresa, de donde extraía más de 70 depósitos que contenían quesillo para ir a repartirlos -supuestamente- a un comerciante del mercado del Puerto de La Libertad, a quien en el proceso se identificó como Ramón Flores.

Con él iba otro empleado de origen nicaragüense y quien solo fue identificado en la audiencia de vista pública como Juan del Dios, él se encargaba de descargar el producto en el mercado del puerto.

A finales de 2015, Carlos Valladares, el empleado encargado del registro de cuentas en mora, detectó un faltante de pago por $7,800 a nombre de Ramón Flores, el comerciante de La Libertad.

“Como los detalles de esa cuenta decía que el puesto de venta de Ramón Flores era en el mercado del Puerto de La Libertad, fui a buscarlo hasta allá para resolver la deuda, pero ahí nadie me dio referencia alguna de esa persona”, indicó Valladares en su testimonio ante el juez.

Tras una serie de indagaciones, Valladares logró obtener información por parte de Juan del Dios, quien le confesó que en realidad el quesillo que sacaban de  la fábrica nunca lo fueron a dejar al Puerto de La Libertad, sino a El Rosario, un municipio del departamento de La Paz.

“Él (el ayudante) logró ver unos rótulos que decían El Rosario y fue que me desplacé hacia allá para verificar a dónde es que dejaba el producto Mario”, indicó el encargado del listado de las deudas.

Valladares encontró que Marroquín le llevaba alrededor de 100 depósitos de quesillo a Walter Alfaro, un comerciante que desde hace siete años vende productos lácteos en El Rosario y que era un cliente ocasional de la Distribuidora Santa Emilia.

El imputado simuló un crédito a nombre de Ramón Flores sin estar autorizado por la empresa y con el agravante de que Alfaro le cancelaba con dinero en efectivo el producto que le dejaba en su negocio.

En abril de 2016, al ser notificado del faltante -en total $7,800- Marroquín se retiró del trabajo sin justificación. Días después fue localizado y argumentó que no había llegado a trabajar porque había sufrido un accidente, pero que al volver de la incapacidad daría las explicaciones correspondientes, pero eso nunca ocurrió. Nunca retornó a la empresa.

El proceso judicial

En la audiencia de vista pública, instalado por el Tribunal 4° de Sentencia y bajo el cargo de estafa, se dio a conocer que el imputado fue detenido el 2 de marzo de 2017.

Además, el propietario de la empresa explicó en sus declaraciones finales que el sujeto ya había sido perdonado por un hecho similar, pero con una cantidad mucho menor.  En esa ocasión le dio la oportunidad de poder cancelar lo hurtado.

Luego de la presentación de la prueba y de las declaraciones de los testigos, la jueza del tribunal le impuso a Marroquín una pena de tres años de prisión, pero que fueron cambiados a trabajos de utilidad pública. Además, el sujeto deberá cancelar un total de 6,030 dólares como responsabilidad civil.