Aprovechando que el Banco Hipotecario apoya y provee recursos financieros a la pequeña y mediana empresa, Haydee Arriola, junto a su esposo Ernesto B., se acercaron a una de las sucursales de esta banca para solicitar $258,000 en dos créditos de diferentes montos.

La razón que presentaron ante el banco fue que necesitaban financiamiento manifestando necesitar capital de trabajo, pues en la maquila que les pertenece principalmente fabrican ropa, así como cualquier tipo de prenda relacionada con la manufactura.

Como garantía de los créditos, el 20 de abril de 2010, la pareja ofreció al banco dos inmuebles, ubicados en la jurisdicción de Apaneca, departamento de Ahuachapán. El primero hasta por un monto de $25,000 y el segundo hasta por la cantidad de $218,000.

Tras la correspondiente investigación hecha por los encargados de otorgar los préstamos, la pareja logró obtener la primera hipoteca abierta, misma que fue otorgada el 24 de mayo de ese año.

Según las indagaciones hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), el dinero fue utilizado para pagar deudas en otras agencias bancarias, mismas que fueron adquiridas para la inversión del negocio.

El error por el que Arriola tuvo que pasar detenida casi por dos años en Cárcel de Mujeres, en Ilopango, fue vender uno de los terrenos hipotecados con pacto de retroventa, por lo que de lo adeudado le debía al banco $127,000.

Ante esto, la banca decidió interponer una denuncia ante la FGR, institución que señaló que la mujer de cabello cano y de 50 años de edad habría cometido el delito de estafa agravada.

El Tribunal 3° de Sentencia instaló la audiencia de vista pública, en donde tras un acuerdo entre las partes –defensores y Fiscalía- se determinó realizar un procedimiento abreviado, tal y como lo ampara el artículo 417 del Código Procesal Penal. La mujer debió confesar con detalles los hechos que cometió.

Por ello, la jueza a cargo del caso emitió un fallo condenatorio. Ella le impuso tres años de prisión, pero por la cantidad de años la pena fue reemplazada por 144 jornadas de utilidad pública.

Además, Arriola deberá cancelar los $127,000 que le debe al banco, bajo el concepto de responsabilidad civil, pues el delito trata de afectación al patrimonio del banco.

El esposo de la implicaba habría sido procesado en otro Tribunal de Sentencia, pero se desconoce el fallo que tuvo luego de esta problemática.