La curiosidad metió en problemas a Alejandro L., un empleado de una alcaldía del Gran San Salvador, quien fue procesado por el delito de extorsión agravada, luego de que se apropiara erróneamente de un paquete señuelo que simulaba contener una cifra monetaria exigida a un empresario.

El comerciante interpuso una denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC) el 6 de julio de 2017, luego de que recibiera una serie de llamadas en las que le exigían $5,000 y de no entregarlos entonces su vida, la de sus familiares e incluso la de sus empleados estarían en riesgo, según las amenazas.

Ante esto, los agentes policiales prepararon un plan de entrega controlada, misma que desarrollaron el 11 de julio de ese mismo año, fecha que había acordado la víctima y los extorsionistas.

A eso de las 10:00 de la mañana, los investigadores llegaron a las cercanías de la Universidad Luterana, en San Salvador, para lanzar el paquete tal y como fue acordado.

Alejandro, quien se encontraba en la zona para comprar unas flores –según él-, observó cuando el paquete fue lanzado, por lo que se dejó llevar por el fisgoneo y se dirigió a recogerlo. A los pocos minutos, varios policías se le acercaron y al ver en sus manos el señuelo procedieron a detenerlo.

Incoherencia en el proceso

El imputado pasó seis meses bajo prisión, mientras se le desarrollaba judicialmente el caso. En la última etapa, la vista pública estuvo a cargo del Tribunal 2° de Sentencia, en donde se expusieron las pruebas testimoniales y se dieron a conocer el detalle de los hechos. 

Para ello, tres de los agentes investigadores relataron la versión de los hechos, pero fueron incongruentes. Uno de ellos indicó que el paquete cayó en el techo de una vivienda, otro comentó que cayó en la calle y la tercera explicación indicaba que fue en la acera, cuando en realidad habría caído en una zona engramada.

De todo el desarrollo de la entrega controlada no hubo ningún material fotográfico -como normalmente procede-, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó esa prueba.

Otro detalle que al final favoreció al empleado de la comuna es que el número del celular que le decomisaron el día de su captura no concordaba con el número de donde el empresario (que no llegó al juicio) recibió las llamadas para ser extorsionado.

“No hay evidencia que ponga al procesado en relación al delito”, dijo el juez, quien emitió un fallo absolutorio para Alejandro.