La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ocho exdirectivos de la empresa Corporación Argoz, S.A. de C.V. acusados de estafa, venta ilegal de bienes inmuebles, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero han acumulado en tribunales dos procesos penales más por la comercialización ilegal de propiedades por un monto que asciende a $361,710.

Los nuevos procesos penales se abrieron por parcelas ubicadas en el departamento de La Paz, que los exdirectivos de la empresa Argoz comercializaban como proyectos de lotificación a nivel nacional, sin tener los permisos para vender estas propiedades ni estar regulados por las autoridades competentes.

Además, de acuerdo con las investigaciones de la FGR, los acusados hacían la promesa de entregar las escrituras públicas de compraventa cuando el valor total de la parcela estuviera cancelado, pero la sociedad nunca cumplió ese compromiso, por lo que también se les acusa de estafa en estos dos nuevos casos.

"En una de las audiencias, desarrollada en el Juzgado de Paz de San Pedro Nonualco, se conoció sobre 36 víctimas que adquirieron sus parcelas y a quienes estafaron con un monto que asciende a $246,292.61. Mientras que en el Juzgado de Paz de San Juan Talpa, se conoció de 44 víctimas que empezaron a pagar sus lotes en el año 2004 y a quienes estafaron con aproximadamente $115,419.00", aseguró la FGR.

Estos dos procesos se suman al iniciado en diciembre del 2023, en el que se descubrieron al menos 654 inmuebles que fueron vendidos por Argoz por alrededor de $147 millones. De esos inmuebles, un 81% no tenía ningún proceso de regularización y en aproximadamente 200 casos no se habían entregado escrituras de propiedad, de acuerdo con datos del Ministerio de Vivienda.

Los procesados en el caso de Argoz son Rodrigo Javier Gómez Farfán, Leticia Farfán de Gómez, Mónica Ivette Sanabria Duarte, Javier Orlando Martínez, Edwin Omar Rivera López, José Arturo Gómez Farfán, Natalia Gómez Farfán y Teodoro Portillo Pineda.

Actualmente, Argoz funciona bajo una nueva administración para que las personas no se vean afectadas en los procesos de legalización de sus lotes.