Representantes de la Fiscalía General  de la República (FGR) y la defensa en el caso contra el expresidente Antonio Saca acordaron un procedimiento abreviado en el juicio por actos de corrupción, tal como lo reveló El Salvador Times. En este acuerdo, el exmandatario como sus funcionarios más cercanos admitirán los delitos a cambio de una reducción de pena.

El Salvador Times reveló esta mañana, previo al juicio, que había una negociación entre el ente fiscal como los abogados defensores de Saca, del exsecretario de Comunicaciones, Julio Rank; del exsecretario privado de la Presidencia, Élmer Charlaix; y del expresidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), César Funes, podrían preparar un acuerdo para solicitar un procedimiento penal abreviado en el caso y con ello solicitar menos años de prisión para estos cuatro exfuncionarios, según comentó a El Salvador Times una fuente cercana al caso.

De acuerdo a lo establecido por la ley, este procedimiento es una figura procesal que se aplica desde el año 1998, con la entrada en vigor de la nueva legislación penal. Este consiste en la admisión de los hechos por parte del imputado y además otorga su consentimiento para la realización del procedimiento, es decir que el acusado acepta los cargos y los declara. Con ello se puede prescindir de toda la formalidad del debate y dictarse sentencia de un modo simplificado, por lo que las penas suelen ser menores. 

Justamente, esa es la salida que anunció la Fiscalía para este caso. En medio del juicio, solicitó para Saca y Charlaix 10 años de prisión a cada uno por los delitos de peculado y lavado de dinero; mientras que para Funes y Rank pidió cinco años por el delito de lavado de dinero. 

Basado en el Código Penal, el delito de peculado es sancionado hasta con 15 años de prisión; mientras que por lavado de dinero se contempla una pena de prisión de ocho a 12 años y una multa de $50 a $2,500 salarios mínimos mensuales. Además, según la ley, por agrupaciones ilícitas –que consiste en asociarse y conspirar para cometer delitos- tiene una pena de tres a cinco años de cárcel.

Según fuente judicial, Saca y los exfuncionarios pidieron el procedimiento abreviado el 17 de julio pasado y fue hasta el 23 julio que la Fiscalía admitió la petición de la defensa.    

Este beneficio solo incluye a estos cuatro imputados (Saca, Charlaix, Funes y Rank). Los restantes imputados quedan fuera de la negociación y se realizará un proceso judicial aparte.

Sin embargo, el contador del secretario privado de la Presidencia, Pablo Gómez; el exjefe de la Tesorería Institucional, Jorge Herrera; y el exjefe de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial, Francisco Rodríguez, también han pedido un proceso abreviado para obtener beneficios. La petición la hicieron el 28 de julio, pero la Fiscalía aún no les ha dado respuesta. 

Declaraciones previas

El abogado defensor de Rank, Lisandro Quintanilla, conversó con este medio e indicó previo al juicio y aunque no quiso confirmar que había un acuerdo, dijo se consideraría abierto a esa posibilidad e incluso dijo hasta podría proponer el procedimiento abreviado a la FGR.

“Hasta este momento, los signos que hemos visto por parte de la Fiscalía es de ‘guerra’. Es algo así como ‘vamos a juicio y venzamos a la defensa o la defensa nos vence’”, comentó Quintanilla a El Salvador Times.

“Sería de ver bajo qué condiciones podría ser (el acuerdo), porque esto implica de parte de los imputados renunciar al juicio y declararse culpables. Por donde quiera que sea son situaciones difíciles, pero si Fiscalía lo propone se consideraría”, había indicado Quintanilla, quien a la vez dijo estar preparando los documentos necesarios para la vista pública de este martes.El Salvador Times intentó obtener la versión de la FGR respecto a este temática, pero no pudo ser posible contactar al fiscal del caso, parte de ello se debió al periodo vacacional del mes de agosto. Se le consultó al departamento de Comunicaciones para poder tener contacto con el representante del ministerio público y no se obtuvo respuesta alguna. 

El juicio esperado

Hoy, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador realiza el juicio en contra del expresidente de la República y varios exfuncionarios y excolaboradores, tras ser señalados de haber cometido los delitos de peculado (apropiación de fondos públicos), agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

De no haber un acuerdo, el proceso judicial en este caso iba a tener una duración de aproximadamente dos meses, debido a los 500 testigos que fueron admitidos para declarar lo relacionado al caso.

El expresidente Saca, quien guarda prisión en el sector nueve del Centro Penal La Esperanza, conocido como Mariona, desde el 17 de enero de 2017, es acusado de desviar $246 millones de fondos públicos; mientras otros 17 implicados, incluida la exprimera dama, Ana Ligia de Saca, de lavar $22 millones de ese dinero.

El mandatario, quien fue detenido el 30 de octubre de 2016 cuando se desarrollaba la celebración de la boda religiosa de su hijo mayor, tiene pendiente otro caso en su contra en el Centro Judicial “Isidro Menéndez”, relacionado a supuestas acciones ilegales de las que se valió para retrasar el proceso jurídico que lo tiene en prisión.