La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que José Adán Salazar Umaña, apodado “Chepe Diablo”, junto al exalcalde de Metapán, Juan Umaña, y siete personas más son procesados por el delito de lavado de dinero y activos tras de no haber justificado un aumento en su patrimonio de más de $508 millones.

El caso investigado por la Fiscalía al que relacionan a los sospechosos fue denominado “Gumarsal Hotesa”, al respecto uno de los fiscales explicó: “En este se están procesando las estructuras criminales de dos familias, tanto la del señor José Adán Salazar Umaña y la Umaña Samayoa que es encabezada por el exalcalde de Metapán Juan Umaña”.

“La finalidad de esta audiencia es ofrecer la prueba por parte de la representación fiscal y fundamentar por qué es necesario pasar a la etapa penal para que en vista pública se decida la responsabilidad y culpabilidad de los procesados por el delito de lavado de dinero de activos”, explicó el fiscal.

Agregó que “después de la instrucción se determinó que en todos los procesados suman más de $508 millones de un capital no declarado percibido y una cantidad de $138 millones de impuestos no pagados al Estado salvadoreño y por lo tanto es dinero que se lavó dentro del sistema financiero y circuló en la economía salvadoreña”, aseguró el representante del Ministerio Público.

Varios integrantes de la familia Umaña se presentaron la mañana de jueves al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador donde se realizó la audiencia preliminar.

Según las valoraciones de los fiscales, todos los millones por los cuales es acusado Umaña circula ilícitamente en la economía salvadoreña del cual desconocen la forma cómo fue obtenido.

Durante declaraciones brindadas esta mañana, los fiscales explicaron que solicitan al juez del caso que Juan Umaña se mantenga bajo arresto.

“Es el único detenido, ya estableciendo un parámetro de las demás personas siguen siendo procesadas con medidas restrictivas a la libertad, pero no detenidas”, dijo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, existe dos rubros en los que cuales pudieron haber sido lavados esos millones.

“Tenían dos rubros, digamos que la estructura del clan Umaña Samayoa se dedicaba al negocio de producción de granos básicos, transporte; era sobre todo, distribución de alimentos. En cuanto a la estructura de Salazar Umaña se dedicaba al área hotelera”, detalló uno de los fiscales.

#CasoGumarsalHotesa | La @FGR_SV expondrá abundante prueba para establecer que los acusados obtuvieron un capital injustificado de más de $508 millones y $138 millones en impuestos no pagados al Estado. pic.twitter.com/UdanUJVpGh

— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 3, 2019

Defensa denuncia irregularidades en peritajes realizados por fiscales

“Consideramos que la pericia es un pilar fundamental en cualquier caso de lavado de dinero y activos, aquí sostenemos que la ampliación de la pericia que se ha dado ha sido irregular, contraria a principios constitucionales como de contradicción, debido proceso e igualdad de partes”, explicó uno de los abogados defensores.

Denunció que durante esa etapa los peritos de su cliente no tuvieron acceso a cierta documentación que sí fue del conocimiento de los fiscales.

“Nos quejamos de que nuestros peritos no tuvieron acceso a determinada documentación. Consideramos que unilateralmente de manera irregular se han realizado algunos actos de prueba que son inválidos y, por lo tanto, vamos a realizar la expulsión de esos actos”, expresó.

“Creemos que esas conclusiones son el resultado de un diagnóstico impreciso, inexacto, oscuro, sin oportunidad a la parte de la defensa”, fue su valoración sobre el actuar de la Fiscalía.

En ese sentido, consideró que los resultados en la fase de la ampliación del peritaje no tienen validez, ya que vulneran los derechos de su cliente.

“Son inválidos porque vulneran derechos fundamentales, tanto la Fiscalía como la defensa tienen derechos de proponer peritos; entonces, los peritos de la defensa y la Fiscalía tienen derecho a acceder a los documentos. En la ampliación (del peritaje) nuestros peritos no se les proporcionaron esos documentos, de manera que hay una vulneración clara al principio de contradicción y, por lo tanto, la sanción que la legislación establece es la exclusión probatoria de los elementos que irregularmente han sido incorporados porque son inválidos”, argumentó el defensor de Umaña.