Una plática que surgió desde el interior de un restaurante hizo que las hermanas Navas, Mirna M. y Celia G., tomaran una decisión: crear una sociedad junto a otras personas y hacer un préstamo bancario para ampliar uno de sus negocios: un cementerio.

El 11 de septiembre de 2007, ambas mujeres se presentaron a una agencia del Banco G&T Continental, presentaron la solicitud en donde pedían ocho millones de dólares y n una serie de papeles que se requieren para ejecutar el proceso.

Entre los documentos que ingresaron se encontraba la supuesta credencial del Registro de Comercio –del Centro Nacional de Registro (CNR)- en donde se respaldaba que la Sociedad Sol Navas S.A. de S.V. era funcional y legal.

En el banco, Celia G., una abogada de 61 años de edad, se presentó como la administradora de la asociación. Esta fue acompañada por su hermana Mirna.

Después de la indagación necesaria y el análisis crediticio hecho por parte de G&T, las hermanas no lograron que les prestaran la cantidad inicial, pero lograron que les dieran medio millón de dólares bajo un plan de pago a un plazo de 15 años.

La transacción aparentemente era como cualquier otra, pero fue hasta después de 11 meses, precisamente en agosto de 2008, que las mujeres cayeron en mora y fue entonces quedó en evidencia de que ambas hermanas no eran representantes de la Sociedad Sol Navas S.A. de S.V. y mucho menos que Celia era la administradora de la misma.

Por esa razón, el banco de inmediato realizó las investigaciones pertinentes para determinar qué es lo que había sucedido e incluso se llevó el caso hasta las últimas consecuencias legales. Al encontrar estas anomalías, la institución bancaria acusó a las mujeres del delito de estafa agravada. 

Según los representantes del banco, la documentación presentada no era legítima, y fue justamente el sustento de la acusación que se ventiló en el juicio en contra de Celia, la única de las hermanas que fue llevada ante los tribunales por este caso. 

Uno de los tres abogados querellantes que se presentaron a la audiencia expusieron ante los tres jueces del Tribunal 5° de Sentencia de San Salvador que los escritos que tenían sobre el Cementerio El Paraíso –ubicado en Colón, en el departamento de La Libertad- como respaldo de garantía crediticia no eran legales.

“La credencial que garantiza y representa a la sociedad (de las imputadas) no coincidía con la presentada en el Registro de Comercio y la presentada en el banco”, indicó el abogado querellante Miguel Girón. “El dinero se los dieron por la legalidad que presentaron como garantía”, agregó.

Recupera su libertad

Con todo este como base el banco inició un proceso judicial en 2009 en contra de las mujeres e interpuso una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR), a quienes acusó de haber sorprendido la buena fue de la institución bancaria y lograron engañarlos para obtener el préstamo por medio millón de dólares. 

Finalmente, se giró una orden de captura en contra de las dos hermanas. En el caso de Mirna, al enterarse que estaban buscándolas huyó y hasta la fecha se encuentra prófuga; mientras que Celia sí fue detenida, por lo que ha estado recluida en el Centro de Readaptación para Mujeres de Ilopango (Cárcel de Mujeres).

Los tres jueces del tribunal declararon inocente a la imputada de todos los cargos, debido a que consideraron que no se estableció adecuadamente la falsedad de los documentos presentados en el banco y con los que las mujeres supuestamente habrían solicitado el préstamo.

Además, los sentenciadores indicaron que ellos no veían que el Banco G&T resultara con daños en la economía, pues contaban con un respaldo hipotecario.

Ante esto, Girón indicó que existía la probabilidad de que más adelante presentaran un recurso de casación, es decir, una apelación para reclamar una nueva revisión del enjuiciamiento a un nivel superior.

Mientras tanto, Mirna, la hermana de Celia, no pudo ser procesada por el caso por haber huido de la justicia porque lo que aunque su hermana fue absuelta, ella tendrá que enfrentar su propio proceso.