Un beso en la boca dado a un menor de cuatro años de edad llevó a prisión a Miguel Armando Rivera Medrano, después de haber sido procesado por el delito de acoso sexual por el Tribunal 2° de Sentencia de San Salvador.

El joven de 28 años de edad, quien era integrante de un grupo de alabanzas de una iglesia cristiana y que tenía a bien enseñar versículos bíblicos a infantes, deberá pasar cuatro años en el Centro Penal la Esperanza, conocido como “Mariona”. Además, deberá cancelará $250 por responsabilidad civil con el fin de que el niño acosado pueda recibir tratamientos psicológicos a recomendación de los peritos médicos.

Todo empezó el 24 de noviembre de 2016, cuando la madre de la pequeña víctima decidió prestarlo a Rivera Medrano, a quién según lo relató en la vista pública tenía poco tiempo de conocerlo, aproximadamente entre 15 días a un mes, tras congregarse en la misma iglesia ubicada en Soyapango.

De acuerdo a la misma progenitora, el imputado lo llevaría a una escuela bíblica que se imparte en una vivienda cercana a la del niño, misma que ella ni conoce. La confianza creció cuando observó que aparte de su hijo iban otros dos niños más a cargo del joven.

Cuando la víctima fue devuelta a su madre, este le comentó que había ido con el joven a su casa, lo llevó a una habitación y ahí lo besó en la boca, por lo que ella decidió ir a reclamarle el hecho.

Ante esto, el imputado decidió seguir a la mujer hacia la Delegación de Las Margaritas, en Soyapango, a declararse como inocente. Sin embargo, luego de las explicaciones y una denuncia en su contra los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a él lo detuvieron.

Tras esta acción inició el proceso en contra del miembro del coro de una iglesia, quien al final verá su libertad dentro de cuatro años.

La inconformidad de la defensa

Desde que se ventiló el caso en uno de los Juzgados de Instrucción de la periferia de San Salvador, los abogados defensores del imputado estuvieron inconformes con el proceso, debido a la falta de pruebas contundentes contra su cliente.

En una primera instancia, la parte representante de la Fiscalía General de la República (FGR) no había solicitado dos pruebas esenciales para un caso de agresión sexual cometido en contra de un menor de edad: reconocimiento en rueda de personas  y una entrevista con la víctima en cámara Gessel.

Ante esto, el juez Delfino Parrilla ordenó realizar ambas pesquisas y suspendió la vista pública para el mes de junio. 

“El juez de instrucción corrigió la plana de la Fiscalía, porque ellos no habían solicitado ni reconocimiento ni la entrevista Gessel y menos en el tiempo que se estipulan los mismos”, explicó uno de los abogados.

Finalmente, el caso pasó al Tribunal 2° de Sentencia, quien lo condenó a cuatro años de prisión, pese a que los defensores incluso apuntaron que hubo incongruencias en el relato de la madre, tras decir que al imputado lo conocía desde hacía 15 días, pero luego declaró que al niño se lo prestaba desde un mes.